(18 de septiembre, 2014).- El silencio era el indicador de que, por una noche, el peligro había pasado. Cuando las camionetas y cuatrimotos se alejaban del camino, los habitantes de Ocurague salían de entre los matorrales para encaminarse a sus hogares.
El poblado, perteneciente al Triángulo Dorado, ha escalado en el número de homicidios desde 2011.
Esperanza Hernández, mujer de 50 años originaria de Ocurague y que ahora vive en Guamúchil, relata para el diario El Universal que a inicios de 2012 comenzaron a aparecer letreros donde advertían que esa zona pertenecía al cártel de los Beltrán Leyva, por lo que serían asesinados los “dedos” (soplones) de El Chapo.
Para los pobladores el mensaje fue otro: o se unían a la criminalidad o abandonaban sus tierras, de lo contrario, también serían asesinados.
Una familia entera fue víctima de la amenaza. Sus cuerpos quedaron tendidos en la calle sin que nadie pudiera recogerlos. Treinta homicidios más en la zona estuvieron relacionados con la negativa de las personas a cooperar con los delincuentes.
Por eso se van. Durante los últimos doce años en Sinaloa se han registrado más de 25 mil desplazados por la violencia, según la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la entidad.
La cifra supera a la de otros países, como Honduras (17 mil) o el Congo (7 mil 800).
A partir de febrero de 2012, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Sinaloa comenzó su propio conteo. En dos años han registrado 4 mil 714 personas pertenecientes a 117 familias.
El análisis poblacional afirma que el 70 por ciento de esos grupos desplazados son mujeres, niños y ancianos, para quienes resulta aún más difícil vivir entre el terror.
