El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo. En el que exhortan a la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar la legalidad del financiamiento de la plataforma de comunicación Latinus. En la cual participan Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo”.
Mediante un texto publicado en la Gaceta Parlamentaria, la diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio, detalló que la plataforma Latinus podría ser financiada con recursos de procedencia ilícita. Provenientes de funcionarios del gobierno de Michoacán, como Silvano Aureoles.
“La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para que se investigue la presunta participación del Gobernador de Michoacán. Y funcionarios de dicho gobierno. Que podrían estar aportando recursos de procedencia ilícita a la plataforma de comunicación conocida como Latinus”, se lee en el punto de acuerdo.
Anticonstitucional contratar con fines políticos espacios en medios
Además, en el documento se describe que ni los partidos electorales ni los candidatos pueden acceder a la radio y televisión con fines electorales.
“Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir. Por sí o por terceras personas. Tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión. Dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”, planteó el documento.
Por lo que lo personajes políticos y empresarios que contraten espacios con fines electorales incurrirían en un delito constitucional.
“Al respecto, se estima que aquellos personajes políticos y empresarios que podrían estar contratando espacios en medios de comunicación. Además de incurrir en una falta al mandato constitucional del artículo 41. Es totalmente indebido que se puedan estar utilizando recursos públicos del Pueblo para dichos fines. Cuando debiesen utilizarse para la prestación de servicios públicos de salud, educación y bienestar”, dice el texto.
Razón por la cual, el punto de acuerdo llamó a la UIF y a la FGR a investigar al medio de comunicación, con sede en Estados Unidos.
“Con motivo de lo anterior. Es que se solicita encarecidamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la Fiscalía General de la República que se investigue el posible uso de recursos públicos. En el financiamiento de la plataforma denominada Latinus”, define la legisladora.
