Carlos Portillo / @portillo_carlos
(07 de febrero, 2014).- La polémica reforma educativa, que causara tanta inconformidad desde hace meses entre los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y dividiera drásticamente las opiniones generales surgidas al respecto, ha comenzado ya a materializarse en lo que Peña Nieto y sus colaboradores siempre intentaron negar: la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado inicio a un recorte de personal; en específico, a los que tenían contrato eventual de trabajo. Y esto sin haber aplicado aún el examen de evaluación.
Mientras que en septiembre del año pasado, Peña promulgaba las leyes secundarias en materia educativa, garantizando a los maestros que su trabajo estaría a salvo, hoy en día se va concretando una realidad completamente distinta.
El director de la escuela primaria, dispuesta en la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Pedro Hernández, explicó que en la Ciudad de México hay un aproximado de 20 mil profesores con contratos eventuales de 3, 6 y 9 meses.
“El extremo es que han estado contratando a los docentes por una quincena o dos, lo cual elimina de tajo la seguridad laboral y cancelan el derecho a tener empleo de base, a hacer antigüedad en el trabajo y el derecho a una pensión digna”, indicó el maestro.
Manuel Fuentes Muñiz, por su parte, y siendo asesor legal de una corriente de la CNTE, difundió un boletín para informar que en la capital del país ya fueron despedidos 13 docentes, considerando esto como una especie de primer ensayo por parte del Gobierno Federal, para calcular poco a poco la reacción del movimiento magisterial.
“La intención gubernamental es, a como dé lugar, reducir a su mínima expresión las protestas que se realizan en el centro y en otros lugares del país. El método para tratar de acabar con el levantamiento magisterial es aplicar a raja tabla la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) que da reducidas posibilidades de defensa a los docentes acusados de cometer una falta. Sin más, a los pocos días de iniciado el proceso, el profesor puede ser despedido y puesto en la calle y desde allí iniciar su proceso de defensa legal en los tribunales laborales que puede tardar varios años”, señala el comunicado.
En tanto, la nueva modalidad de ceses contemplada en la LGSPD no permite a los trabajadores de la educación, contar con un defensor o una representación sindical para alegar en su defensa, por lo que el afectado tiene que responder por escrito ofreciendo pruebas pertinentes, y el mismo patrón es quien decide si validarlas o no, según detalla Fuentes Muñiz.
En consecuencia a todos estos factores, las movilizaciones de los maestros continúan a la fecha en 21 estados de la República.
El pasado 31 de enero, en la Ciudad de México, los profesores de la CNTE, en compañía de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, Tranviarios y Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, entre otros grupos, marcharon para exigir que los derechos laborales sean respetados, y que se revoquen las reformas constitucionales recientemente aprobadas, pues anulan el derecho al trabajo y a una vida digna.
Asimismo, al día siguiente se llevó a cabo en Nezahualcóyotl, Estado de México, el segundo encuentro de padres de familia, buscando extender la alianza con los docentes en la defensa de la educación pública, gratuita y laica.
Ahora la CNTE tiene planeado realizar su tercer congreso nacional, del 14 al 16 de febrero próximos, el cual delinearía la estrategia para defenderse de la reforma educativa con la que el Estado ya empezó a quitarles su empleo de base. De igual forma se tiene pensado examinar mecanismos para la democratización del SNTE.
