En Tijuana, se encuentran miles de familias mexicanas huyen de la violencia de sus regiones, por lo que han pedido asilo a las autoridades migratorias de Estados Unidos, sumándose así a haitianos y africanos, que permanecen varadas en esta frontera.
Según se ha informado, siete de cada 10 de estos connacionales provienen principalmente de Guerrero y Michoacán; el resto, de comunidades de Veracruz, Chiapas, Puebla y Jalisco, señala José Moreno Mena, coordinador de la Coalición Pro Defensa del Migrante.
El activista señala que, “desde 2013 se produjo un incremento de mexicanos que llegaron a Baja California debido al desplazamiento forzado por la violencia en sus lugares de origen, lo que ha significado que en ese tiempo 3 mil ciudadanos, incluidos mujeres y niños, hayan pedido asilo al gobierno de Estados Unidos por la garitas de Calexico y San Ysidro, California”.
Cabe señalar que al 67% de estos peticionarios les fue negada la entrevista y el inicio del procedimiento de internación por no acreditar su condición de peligro. Fue solamente el 33% quienes lograron que les recibieran los documentos a condición de permanecer encerrados seis meses en las estaciones migratorias de Los Ángeles y Chicago, en espera de respuesta a su petición.
De este porcentaje, sólo 2 por ciento pasan a una segunda fase, que consiste en presentarse ante un juez, y de éstos acaso la mitad obtienen el asilo tras un proceso muy largo, donde tienen que demostrar el factor de riesgo en su comunidad de origen.
‘‘México no es un Estado prioritario para Estados Unidos en materia de migración’’, señala Moreno Menas. Explica que los mexicanos en Tijuana permanecen en refugios administrados por organizaciones no gubernamentales –la mayoría en el albergue Madre Assunta–, mientras esperan respuesta a sus peticiones.
‘‘Prácticamente todos los migrantes mexicanos que piden asilo son rechazados’’; 90% de ellos son deportados tras permanecer medio año encerrados junto a migrantes de otras nacionalidades. ‘‘El proceso para que les otorguen el asilo político es muy complejo, porque piden demasiadas evidencias de que están siendo amenazados o perseguidos y los desplazados no tienen testigos y casi nada de documentación’’, dijo Moreno Mena.
