(11 de octubre 2015, Revolución TRESPUNTOCERO).- La cada vez más extendida “alianza” de asociaciones público-privadas (APP) comienza a ser preocupante y digno de atender. Así lo muestra una investigación de Contralínea.
Una asociación público-privada, es un convenio ‘entre el sector público y el privado, en que parte de los servicios o tareas responsabilidad del Estado lo suministran privados bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para suministrar el servicio público o la infraestructura pública’.
La Ley de APP, regula la prestación de servicios e infraestructura que provee el sector privado al público. Sin embargo, la preocupación surge a partir de lo suscitado en la reforma energética del 2013, pues este modelo de asociación se está usando más a menudo. “La norma, fija la obligatoriedad de licitarlos, le da la facultad al Estado de declarar las obras de utilidad pública, de expropiar tierras y un plazo mínimo de 40 años para los contratos”.
En ésta investigación de donde aparece una entrevista a Omar Escamilla, investigador de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, se dice que “las alianzas que hace no son con cualquiera, son con los gigantes corporativos. No habla mucho sobre esos tratos. Es muy difícil rastrearlos (…) son constituidas con empresas inscritas en paraísos fiscales; eso limita a la justicia mexicana para que rindan cuentas o para solicitar informes sobre el uso de los recursos.” Y que “lo preocupante es con quién se asocia, de dónde viene el capital, cuál es la historia de esas empresas”, sentencia.
Quienes apoyan la existencia de APP, dicen que estas “mejoran la ecuación entre calidad y precio de los servicios, transfieren los riesgos al sector privado, mejoran incentivos para producir eficientemente, reducen el gasto público y traspasan ese endeudamiento a los privados”.
Mientras que los detractores, saben que estas asociaciones “disfrazan el endeudamiento público y la privatización de tareas del Estado, y encarecen los costos”.
México cuenta con 29 Asociaciones público- privadas.
En la misma investigación, el académico Arturo Oropeza, del Instituto de Investigaciones Económicas de UNAM, señala que “la supervisión, rendición de cuentas y transparencia son asignaturas pendientes, para hacer una revisión integral de estos mecanismos (…) Han faltado instrumentos para hacerlo, y por ello falta una visión integral para saber qué pasó. Habrá que hacer una evaluación sectorial”,
“Han faltado instrumentos para hacerlo, y por ello falta una visión integral para saber qué pasó. Habrá que hacer una evaluación sectorial”, sostiene.
Se revela también que en el índice Evaluando el entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe, se ‘menciona la ausencia de supervisión independiente significativa sobre el cumplimiento de los contratos y que los proyectos más grandes han sido concedidos mediante negociaciones directas en casos en que sólo hay un postor, aunque la ley obliga a que se organicen licitaciones’ México obtuvo 68 de 100 puntos.
“Es importante generar marcos de vigilancia y operatividad. Las APP deberían rendir informes sobre cómo se eligió al socio, su perfil, historia en sobornos, pagos fraudulentos y con esos criterios ir descartando. Si no se cumplen esos criterios, la opción es buscar a otros socios”, refiere en entrevistado de la investigación, Omar Escamilla.
