Ante la creciente desigualdad y pobreza en México, a consecuencia de la política presupuestal del Gobierno Federal de aumentar los impuestos y destinar menos recursos a los programas sociales, el Grupo Parlamentario de Morena presentó, por segunda ocasión, una iniciativa para eliminar las pensiones y prebendas a los expresidentes de la República, que hoy se les otorgan sin ninguna base constitucional.
La propuesta fue presentada el pasado 17 de abril por los diputados Virgilio Caballero Pedraza y Magdalena Moreno Vega, Coordinador e integrante de dicha bancada, respectivamente, en tanto que la primera vez se registró el 14 de junio de 2017 a nombre de Rocío Nahle García, actualmente legisladora federal con licencia.
“Cómo puede ser posible que en un país donde la mitad de la población sufre pobreza, donde solo el 25 por ciento de los adultos mayores de 65 años tienen una pensión y el 90 por ciento de los pensionados recibe solo un salario mínimo, se otorguen onerosas pensiones vitalicias para los expresidentes y ello sin ningún fundamento constitucional”, se subraya en la iniciativa de los primeros.
Su iniciativa busca adicionar un párrafo a la Fracción IV del Artículo 127 de la Constitución Política Mexicana, para quedar como sigue: “Tampoco se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados a aquellos que hayan ejercido el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y que sean diferentes a las otorgadas por los sistemas de seguridad social a los que tengan derecho. Asimismo, no gozarán de ninguna otra prerrogativa y/o pago que represente erogación de recursos públicos”.
La iniciativa de Caballero Pedraza y Moreno Vega tiene como objetivo que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se distribuya con justicia y que los ahorros generados por la aplicación de la reforma constitucional se destinen a los rubros de educación y salud.
“Las pensiones de los expresidentes simplemente son abuso del poder en perjuicio de todos los mexicanos, en especial de los que padecen pobreza alimentaria. Por eso Morena insiste en enfocar el recorte en el gasto de administración del Gobierno Federal y en la necesidad de ahorrar y eliminar gastos que no se justifican”.
En su documento señalan que mientras un trabajador en México necesita cotizar por lo menos 30 años para recibir su pensión o jubilación, a los extitulares del Ejecutivo Federal se les otorga tal beneficio por desempeñar ese cargo durante un sexenio.
“Además, existe un contraste entre los montos que reciben por concepto de pensión: un expresidente percibe más de 216 mil pesos mensuales, por solo seis años de servicio, y un trabajador con 35 años de labor recibe una pensión promedio de 3 mil 800 pesos”.
En su texto, Virgilio Caballero y Magdalena Moreno resaltan que se detectó un derroche en el presupuesto en el Artículo 19, Fracción IV, que establece los recursos para cubrir las compensaciones de los exmandatarios del país y los cuales se calculan en 500 millones de pesos para ese año.
Señalan que la historia de estas prerrogativas para los expresidentes, así como para sus viudas e hijos, se remonta a dos acuerdos presidenciales: el 7637, del 25 de noviembre de 1976, y el 2763-Bis, del 31 de marzo de 1987.
En el primero se asigna, de modo vitalicio y a las órdenes directas de cada expresidente, un total de 78 miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, y en el segundo se establece la pensión; seguros de vida y de gastos médicos mayores para el exmandatario, su cónyuge e hijos y 25 empleados civiles a su servicio, así como una pensión vitalicia para las viudas.
También destacan que según un estudio realizado por la Cámara de Diputados sobre este tema, a cargo de la investigadora Cecilia Licona Vite, ambos acuerdos no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que no son obligatorios y que en caso de haberse ejercido lo descrito, debe ser restituido por quien obtuvo los beneficios.
“Desde 2001 se han venido incluyendo anualmente en el PEF recursos para pagar percepciones, apoyos o compensaciones a los expresidentes y sus beneficiarios. Tales retribuciones se contemplan en el Ramo Administrativo 02 Presidencia de la República. Esto a pesar de la ausencia de una ley que justifique tal asignación de recursos federales. Lo peor de todo es que esas percepciones aumentan año con año”.
A ello se agrega el Reglamento del Estado Mayor Presidencia que expidió el entonces presidente Vicente Fox, para que éste garantizara la seguridad de los exmandatarios, y el decreto emitido por el exmandatario Felipe Calderón, en el último día de sus funciones, también en ese sentido y que permite incluso aumentar el número de militares a su servicio.
En su iniciativa, ambos diputados federales de Morena resaltan también un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a cargo de Ernesto Villanueva e Hilda Nucci, el cual determina que no hay sustento legal para otorgar esos beneficios a los expresidentes.
“Cinco expresidentes y dos viudas de expresidentes reciben 2 mil 700 salarios mínimos, equivalentes a 216 mil 108 pesos mensualmente. Además el pago de bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas, personal de ayudantía, pago de teléfonos, automóviles para expresidentes, así como para sus esposas, hijos y escoltas con su respectiva tenencia, verificación y mantenimiento, y servicios domiciliarios como predial, agua, luz, jardinería, etcétera”.
