(19 de mayo, 2014).-Por primera vez, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tendrá que responder ante legisladores miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en medio de una exigencia generalizada de organizaciones y colectivos, por rendir cuentas ante el endeble compromiso en la defensa de los derechos humanos y las omisiones institucionales que se han presentado.
San Fernando o la violencia que permanece
De acuerdo a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Grupo de Información en reproducción Elegida (GIRE) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el día de mañana, Plascencia Villanueva tendrá que rendir cuentas por violentar los derechos humanos de las familias de las víctimas y de la sociedad en la investigación y en la recomendación 80/2013 sobre la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Ante la petición de comparecencia, hasta la fecha, sólo se ha logrado una reunión de trabajo impulsada por las organizaciones siguientes: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Grupo de Información en reproducción Elegida (GIRE) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). A través de las preguntas de los integrantes del Senado se espera que el ombudsman responda a las inconformidades de este grupo de organizaciones y de familiares.
La acusación de las organizaciones mencionadas anteriormente se refiere a que la CNDH demoró 3 años y 4 meses de ocurridos los hechos en suscribir la recomendación derivada del proceso de investigación sobre el caso de San Fernando, donde a pesar que la recomendación (80/2013) contiene aspectos relevantes, viola dos aspectos fundamentales en perjuicio de las víctimas y de la sociedad porque no se pronuncia sobre los hechos de la masacre (violación al derecho a la vida) ni sobre la responsabilidad del Estado en los hechos.
“Al no garantizarles su derecho a participar en el proceso, la CNDH no buscó, documentó ni escuchó la voz de los familiares de las víctimas de las 72 personas migrantes asesinadas quienes conforme al derecho nacional e internacional, también son víctimas. La recomendación tampoco establece medidas de reparación integral del daño. Dicha recomendación resulta parcial, violatoria de los derechos humanos de familiares de las víctimas e incluso perjudicial al derecho a saber, tanto de las víctimas como de la sociedad”, aseguran las organizaciones.
A su vez, señalan a través de un comunicado que la masacre de las 72 personas migrantes constituye uno de los peores momentos en la historia de México y la CNDH ha obstaculizado el ejercicio del derecho a la verdad para las víctimas, sus familiares y la sociedad.
Por ello la importancia de la comparecencia.
Los defensores de derechos humanos aseveran que la CNDH deberá rendir cuentas sobre su falta de actuación para emitir medidas cautelares y prevenir violaciones de derechos humanos de familiares de migrantes y que confían en los legisladores para que se hagan voceros de las preocupaciones de las familias de las víctimas.
