El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha comenzado el debate sobre la consulta ciudadana que pretende enjuiciar a los expresidentes, el Juez presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se ha declarado a favor de la misma y en contra del proyecto que busca rechazarla.
Zaldívar señala que la consulta no viola los Derechos Humanos ni la presunción de inocencia de ninguno de los señalados.
“Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión”, refirió.
“Es claro que los efectos de una consulta sobre la política criminal, no podría tener efectos vinculantes para las autoridades, en el sentido de obligarlas a actuar o no en función de sus atribuciones”, declaró, explicando que hay consultas vinculantes mientras otras no.
Como ejemplo nombró a Argentina, Francia y Austria, recalcando que en ninguno de esos casos se han tenido efecto vinculantes pero sí importantes en la vida pública.
También refiere que la consulta puede acercar la política criminal a la gente, la cual es sensible a participar en este tipo de eventos.
“La consulta que se nos plantea no expone a nadie a nadie como culpable ni es sugestiva. La materia de la consulta no asume que las personas que menciona son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad. Lo que la consulta busca es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en las que las autoridades investiguen y en su caso sancionen su presunta responsabilidad en la comisión de delitos, conforme a las leyes y los procedimientos aplicables. Es falso que la consulta implique una exposición mediática estigmatizante y por tanto que pueda generar un efecto corruptor en las investigaciones que se realicen.
No va provocar una presión desmesurada en las autoridades, pues éstas podrían sentirse obligadas, y que esto violaría la presunción de justicia. No podemos presumir que nuestras autoridades de impartición de justicia van a faltar a sus deberes constitucionales. Hacerlo implicaría deducir que son imparciales y carecen de integridad.
La consulta tiene una finalidad constitucional: consistente en recabar el sentir social para reorientar la política criminal del Estado escuchando la voz de la ciudadanía”, explicó.
Con información de: El Economista
