(15 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Organizaciones de la Red de Alerta Temprana exigieron a autoridades del estado de México –encabezadas por el priista Eruviel Ávila Villegas- atender la salud de más de 60 internos en el Centro de Readaptación Social de Ecatepec de Morelos en Chiconautla, que comenzarán una huelga de hambre, incluido José Humbertus Pérez Espinoza, presidente y representante legal del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C.
Les organizaciones recordaron que en la Declaración de Malta, de la Asociación Médica Mundial (AMM) sobre personas en huelga de hambre, se establecen los principios y normas para su trato y atención; además, exigieron que sean observados los principios de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos –conocidas como Reglas Mandela- entre las que se incluyen: “tomar todas las medidas necesarias para garantizar salud, integridad física y psicológica de todos los huelguistas de hambre y sus familias y no haya represalias”.
También exigen que las autoridades penitenciarias permitan a los familiares de los internos que decidieron comenzar con la huelga de hambre, ingresar líquidos, sueros, miel y otras cosas que necesiten los presos para el desarrollo del ayuno; que no se les retiren los pases de visita ni se niegue el derecho a visita íntima.
Solicitan, además, que los internos que estén sentenciados en el Módulo de Indiciados no sean puestos con el grueso de la población, en represalia de que sus familiares o ellos participen en el huelga de hambre y que se garantice el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos mexicanos, de conformidad con las normas internacionales ratificadas por el Estado mexicano.
Amenazas y persecución
El Frente Mexiquense de Defensa para una Vivienda Digna A.C. –organización presidida por Pérez Espinoza, quien también es representante legal del Frente Mexiquense- informaron que su dirigente y 60 internos más comenzarán la huelga de hambre “como un mecanismo de manifestación de lucha no violenta” para exigir un proceso apegado a los derechos humanos, consagrados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Constitución.
Los integrantes de ambas organizaciones demandaron reabrir y revisar las averiguaciones previas del “Viejo Sistema Inquisitivo Mixto” –mismo que compararon con el Tribunal del Santo Oficio y el Código Napoleónico- “que ha sido y es la desgracia del pueblo mexicano en materia de justicia”; además, agregaron que con la entrada en función del Sistema Penal Adversarial y Oral, se emitieron sentencias que no cumplieron con los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso.
José Humbertus Pérez Espinoza fue detenido el pasado cuatro de noviembre, acusado de tres delitos de robo a casa habitación. Integrantes de las organizaciones que representa aseguran que la “fabricación de delitos” es una represalia por la lucha que ha mantenido por el derecho a una vivienda digna y decorosa.
Además, denunciaron que su esposa e hijo, son víctimas de persecución y existe el riesgo de que ambos sean detenidos, al igual que otros integrantes de la organización, quienes han sido objeto de amenazas.
Con el trabajo de Pérez Espinoza se beneficiaron personas que habían sido afectadas por la empresa constructora URBI y otras más involucradas en diversos fraudes inmobiliarios en el estado de México, con lo que además, se evidenció la corrupción de diversos funcionarios públicos del gobierno de la entidad y de la presidencia municipal de Tecamac.
“La práctica de fabricar culpables constituye una trágica y dolorosa constante dentro del accionar de los agentes policiacos y ministerios públicos y es innegable la existencia de esta inadmisible patología jurídico-penal, que impacta y colapsa el sistema penitenciario que se encuentra sobrepoblado y con fuertes tensiones en la convivencia entre los internos. Cabe recordar la masacre de los 49 presos y 12 heridos graves, en el penal de Topochico el 10 de febrero de 2016, o la masacre de 30 presos en Apodaca, el 20 de febrero del 2012, ambas en el estado de Nuevo León”, subrayaron los denunciantes.
