(04 de abril, 2014).- A un voto de distancia se quedó la aprobación de la modificación del artículo 121 constitucional, por la cual se buscaba que el Ejecutivo Federal no tuviera que decidir caso por caso la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI); ya que actualmente junto con el Senado, debe decidir si las recomendaciones hechas por la Corte en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra pueden aplicarse aún cuando Tribunales mexicanos hayan resuelto de manera distinta, una votación que significa un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Fueron el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal), quienes la tarde de este miércoles se negaron a que el gobierno mexicano aceptara sin intermediación los señalamientos de la Corte; permitiendo así, que en caso de violaciones de derechos humanos permitidas por el Estado mexicano, éstas no puedan ser juzgadas por un órgano de justicia internacional como la CPI.
La modificación del octavo párrafo del artículo 21 constitucional dejaría de ser “El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”, a “El Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en términos de lo dispuesto en el Estatuto de Roma”.
Sin embargo, la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro desechó por un voto el proyecto de dictamen, presentado por los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Hasta la tarde del pasado miércoles, las bancadas petistas y perredistas desconocían si la modificación era viable, pues los diputados de quienes al final votaron en contra del dictamen, se desconocían. El diputado Antonio Cuéllar Steffan fue el único que manifestó explícitamente su negativa a la modificación constitucional, bajo el argumento de que la CPI no podría ubicarse por encima de tribunales mexicanos.
Por su parte, los diputados a favor del dictamen citaron durante el debate a organizaciones como Amnistía Internacional, la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la red de organizaciones en la Coalición por la Corte Penal Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, entre otros.
El pasado 20 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal, recomendó al Estado mexicano armonizar la Constitución con el Estatuto de Roma, que ocho años atrás signó y que hasta la fecha no se ha cumplido.
A pesar de que la bancada del PRD y PT planteó una negociación para modificar el dictamen y derogar el párrafo octavo completo y que de esa forma no haya restricción constitucional, sino obligaciones derivadas directamente del Estatuto, la mayoría del PRI, Panal y PVEM no lo aceptaron.
La votación final constó de 10 diputados (PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano) que votaron a favor del dictamen, contra 11 del Panal, PVEM y PRI, mientras que paradójicamente la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Miriam Cárdenas, del PRI, se abstuvo, y el diputado panista Jorge Sotomayor abandonó la reunión.
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