La Ministra de la Suprema Corte de Justicia, María Estela Ríos, ha sido designada para presentar el proyecto que definirá el futuro de la prisión preventiva oficiosa en México. Esta figura, que obliga a acusados de ciertos delitos a permanecer en la cárcel durante su juicio, ha sido un tema de intenso debate y ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La designación de la Ministra Ríos es particularmente relevante, ya que antes de su nombramiento en la Corte, se desempeñó como Consejera Jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En 2022, firmó una carta con el entonces Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la que defendía públicamente la prisión preventiva oficiosa, argumentando que era esencial para la seguridad pública, las víctimas y el combate a la impunidad.
El desafío de una sentencia internacional
La decisión de la Suprema Corte es crucial, pues debe responder a una sentencia de la CIDH que ordenó al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva automática para acusados. La sentencia, dictada en 2023 en el caso Reyes Alpízar contra México, subraya que la detención de un acusado debe ser analizada caso por caso por un juez, no aplicarse de manera forzosa.
Desde finales de 2023, la Corte había considerado un proyecto del entonces Ministro Jorge Pardo que proponía instruir a los jueces de todo el país a dejar de aplicar esta medida. Sin embargo, el tema fue pospuesto en múltiples ocasiones, ante presiones del gobierno y las fiscalías, que advertían una posible liberación masiva de más de 68 mil acusados, aunque esto no era el efecto directo de la propuesta.
Con la Ministra Ríos como ponente, y conociendo la postura a favor de otras ministras como Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, se prevé que la nueva composición de la Corte mantendrá esta polémica figura, en una decisión que pondrá a prueba la relación de México con los tribunales internacionales de derechos humanos.
