Muchas veces, a través de estas líneas, nos hemos preguntado para quién o quienes trabajan los funcionarios del gobierno federal. La pregunta viene al caso sobre todo cuando se configura el presupuesto de Egresos del año siguiente, en el que se decide el destino de cuantiosos recursos federales, 4 billones 763 mil 899.9 millones de pesos, para cubrir presuntamente las necesidades de la población. Para el cuarto año de la administración de Enrique Peña Nieto, el presupuesto de Egresos no le apuesta, otra vez, al crecimiento del país, el cual en promedio ha sido de un mediocre 1.8% anual, muy lejos de cubrir las necesidades de la sociedad mexicana y también de las promesas del entonces candidato presidencial. Su apuesta es a otro año de crecimiento mediocre, igual que en los últimos tres sexenios anteriores.
Quién sabe a favor de quien trabajen los funcionarios de la Secretaría de Hacienda al frente de la cual está el “marqués de Malinalco”, Luis Videgaray, cuando decidieron disminuir en más de 100 mil millones de pesos la inversión en Petróleos Mexicanos para el próximo año, con lo cual se condena a esta empresa, la principal aportadora de ingresos fiscales, a la indefensión bajo el marco de competencia en el que fue sentenciada a desenvolverse el año próximo, luego de la reforma energética y leyes fiscales y secundarias que la acompañan. No hay que olvidar que pese a todo, Pemex aporta el 18 por ciento de los ingresos fiscales del gobierno federal.
Tampoco sabemos a quién o a quienes le apuestan los tecnócratas de Hacienda al disminuir el presupuesto destinado a apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de 10 mil millones de pesos que se ejercen en 2015 a 7 mil millones en 2016, precisamente cuando el país requiere impulsar más su crecimiento y generar más empleos, lo que es una de las principales características de estas empresas. El gobierno federal difunde a los cuatro vientos la necesidad, ante el complejo y adverso panorama internacional, de sujetar al país a programas de austeridad, por lo que se estableció un recorte presupuestal de más de 221 mil millones de pesos, pero con la consigna de “hágase la austeridad en los milpas de mi compadre”. Así, el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2016 contempla un recorte de 21 por ciento al gasto de inversión, pero de apenas 3.6 por ciento en el gasto corriente, que en su mayoría es devorado por los sueldos y prestaciones de la burocracia.
Por ejemplo, de acuerdo con un análisis de la Cámara alta, el rubro de servicios personales –que incluye la nómina burocrática-, podría sufrir una contracción de 1.3 por ciento, frente a una caída de 20.4 por ciento en los recursos para inversión física. Mientras el gasto corriente es de 2 billones 232 mil millones de pesos, es decir, 3.6 por ciento menor al aprobado en 2015, el gasto de inversión es de 712 mil millones de pesos, lo que representa una reducción del 21 por ciento en términos anuales, destacando en su interior una caída de inversión física por 20.4 por ciento.
Según el análisis de los senadores, la mayor contracción se encuentra en el rubro de Desarrollo Económico, que tendría una caída de 15.2 por ciento. Y dentro de ese renglón, el mayor impacto negativo será para el sector de las Comunicaciones, con una reducción de 47.8 por ciento, seguido por los asuntos económicos, comerciales y laborales, con un recorte de 24.2 por ciento; las actividades agropecuarias, con 21.5, y el transporte, con 21.2 por ciento.
Los programas y proyectos de inversión (PPIs) resultarán impactados con la reducción de recursos en 21.7 por ciento, en relación con lo aprobado este año. Se plantea una caída de 108 por ciento en el número de PPIs, que pasarían de mil 921, a 922 para el año entrante. La mayor caída en el presupuesto de inversión es en el ramo de Energía, con 79 mil 300 millones de pesos menos que en este año. Comunicaciones y Transportes presenta una menor asignación, por 15 mil 496 millones de pesos. Las empresas productivas del Estado, como Pemex y la CFE, tendrán un presupuesto 11.8 por ciento menos para el próximo año. Los recursos de Pemex disminuirán en 14.2 por ciento, y de la CFE en 7.6 por ciento.
Mientras los tecnócratas de Hacienda descobijan a todo el país, los diputados federales se disputan 800 mil millones de pesos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja, en donde solicitan reasignaciones de recursos por ese monto para el presupuesto del 2016, lo que, según el diputado priísta Jorge Estefan Chidiac, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, “es imposible de atender”. El legislador priísta explicó que uno de los pocos acuerdos concretados hasta el momento es destinar recursos para el fondo de caminos rurales y alimentadores, pues en el presupuesto enviado por el Ejecutivo se les olvido y aparece en ceros, lo que da cuenta de la importancia que le dan al agro mexicano.
Dentro de las peticiones que será difícil cumplir, sino imposible, están las del titular de la Comisión de Infraestructura, el priísta Alfredo del Mazo, que solicitó 17 mil millones de pesos para su sector, sin contar con la necesidad de fondos para el mantenimiento de carreteras; las de la presidenta de la Comisión de Educación, la perredista Hortensia Aragón, quien pidió reasignaciones por 15 mil millones de pesos para infraestructura educativa, capacitación docente y educación superior; y las del presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, el priísta Ignacio Pichardo, quien pidió 55 mil millones de pesos para 2 mil 900 proyectos para obras de infraestructura.
El lunes pasado, la Comisión de Presupuesto cerró la recepción de las opiniones técnicas y propuestas de las comisiones e inició la dictaminación del proyecto de presupuesto que deberá ser sometido al Pleno a finales de esta semana. La comisión se declaró en sesión permanente. Se crearon dos grupos de trabajo, uno trabajará en el decreto y el otro se avocará a revisar los anexos, que es donde se especifican las cantidades que le corresponden a cada rubro del gasto.
También en las calles se da la lucha por los recursos presupuestales. Este martes, trabajadores del campo, de 12 organizaciones aglutinadas en el Frente Indígena Campesino de México (Ficam), marcharon del Ángel de la Independencia a la Cámara de Diputados, para exigir que se les entreguen los recursos destinados al campo y se apruebe la reforma para este sector. Campesinos de la Coordinadora Plan de Ayala (CNPA), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y Federación Independiente de Obreros, Agrícolas, Campesinos (FIOC), entre otras, coreaban en su manifestación, encabezada por un tractor: “¡de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste!”. Los campesinos fueron vigilados en todo momento por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
REZAGO EN NIVELES DE BIENESTAR
Otro de los “tapados” en la carrera por la candidatura presidencial del PRI, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, se reunió en el Senado con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en donde admitió los grandes rezagos que padece el país en niveles de bienestar, como salud, educación, alimentación, empleo, vivienda y servicios básicos.
Para empezar, señaló que medio millón de mexicanos no pueden en su vida cotidiana ejercer ninguno de esos niveles de bienestar. Destacó que hay 22.3 millones de mexicanos con rezago educativo; dijo que hay un número importante de mexicanos que no tienen acceso al agua, electricidad y drenaje; admitió que hay muchos mexicanos que no tienen seguridad social; en materia de vivienda, reconoció que “hay una realidad de hacinamiento que vulnera y lastima, donde se genera violencia por la incapacidad de utilizar ese espacio”.
Los legisladores le cuestionaron que en los procesos electorales se medra con los programas sociales, a lo que respondió que pondrán en marcha, otra vez, “un blindaje electoral para evitar el uso inadecuado de los programas sociales en los procesos electorales de 2016 en 14 entidades del país, en 13 de ellos se elegirá gobernador”. Sobre la entrega de televisores digitales, aseguró que “se cumplirá con los plazos marcados por la ley, de un universo de 9.7 millones de aparatos digitales que se entregarán, sólo falta por entregarse 2.8 millones”.
O sea que, viendo la televisión, también se come. Y luego afirman que no se trata de programas electoreros, aunque habrá que averiguar si no es que a través de la caja idiota van a implementar otro sistema de neuropolitica y de ahí parte el interés por cumplir con la fecha del apagón analógico, justo antes de la contienda del 2016, sus 12 gubernaturas y los no menos importantes municipios y legislaturas locales que se aprobarán.
