En el comunicado 281 que emite el 28 de septiembre la Secretaría de Educación Pública, que fue dado a conocer ante los medios masivos de comunicación por el titular de esa dependencia, Aurelio Nuño manifiesta con actitud envalentonada y hasta populista, que quedan prohibidas las cuotas escolares, que no se puede condicionar la entrada de los niños a algún pago y que se sancionará a los planteles que incurran en esas prácticas.
Cualquiera que lea o escuche de manera descontextualizada el mensaje del Secretario de Educación dirá que el señor es un defensor de la gratuidad educativa y del derecho humano de los niños a tener escuela pública, pero no hay en ese comunicado oficial ninguna responsabilidad para el gobierno de garantizar espacios físicos propicios para la convivencia, el estudio, la alimentación, el deporte y los ambientes de aprendizaje adecuados.
La realidad de las escuelas mexicanas dista mucho de discursos gubernamentales, según los mismos datos oficiales que siempre son conservadores: en 78 mil 242 de ellas no hay drenaje, son verdaderos focos de infección e insalubridad; 37 mil 510 tienen techos de materiales precarios que ponen en riesgo la vida de los estudiantes y de los maestros; en 34 mil 381 escuelas hay alumnos que no tienen donde sentarse porque carecen de butaca, silla o mesa banco.
En estas condiciones paupérrimas para la existencia de una comunidad escolar, no podemos siquiera pensar que estos planteles educativos tengan biblioteca, equipo de cómputo para los alumnos, internet, áreas deportivas, desayunadores y comedores, espacios lúdicos, salones para talleres productivos y de artes, que garantizarían una infraestructura de verdadera calidad para la educación integral.
Sumado a lo anterior, debemos saber que salvo casos muy limitados en zonas rurales y de forma tan escasa que no resuelve las necesidades escolares, hay programas de apoyo que son condicionados a la aplicación de la Reforma Educativa, de suerte que fungen como mecanismos de control y formas de autogestión que derivan en la mayor inversión de la comunidad escolar para completar compras y algunas tareas de mantenimiento que continuamente quedan inconclusas.
Para el resto de las escuelas que son la gran mayoría, no existe una partida anual, mensual o de algún tipo que llegue de manera generalizada para su mantenimiento, para comprar los instrumentos e insumos necesarios del aseo diario de todas las áreas, tampoco para la pintura, impermeabilización y mantenimiento del mobiliario, ni para tener en buenas condiciones el drenaje, las instalaciones eléctricas e hidráulicas así como la jardinería, herrería y mucho menos materiales didácticos. Los planteles están abandonados por el gobierno a su suerte o mejor dicho de los padres de familia y maestros.
El comunicado 281 de la SEP es una falacia, un engaño mediático que esconde su propia contradicción, discurso seguido y entre líneas de Aurelio Nuño dice “los padres de familia pueden organizarse para apoyar a las escuelas como ellos lo determinen”, obviamente ellos buscarán los mecanismos de generar recursos por medio de cooperaciones para solventar las necesidades básicas de las escuelas de sus hijos, ante la ausencia de los apoyos gubernamentales. Por lo tanto, lo que realmente hace el estado es fomentar la participación ciudadana en el financiamiento educativo como una forma de omitir su responsabilidad.
El discurso de Aurelio Nuño en el comunicado tiene de fondo la condena y la criminalización de quienes no deberían ser responsables de financiar las escuelas, como si dependiera de los padres de familia y los maestros que la educación sea gratuita; esconde las dinámicas de privatización educativa que la SEP fomenta a través de la participación social y el abandono escolar. En este contexto, las asociaciones de padres de familia efectivamente son fundamentales, pero para exigir y velar por el interés público y el derecho humano de los alumnos a una educación totalmente gratuita.
