El “Plan B” de la reforma electoral ya es una realidad jurídica. Este jueves fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que modifica reglas clave del sistema político en México, tras su aprobación por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales. La reforma entra en vigor el 24 de abril y activa una ruta inmediata de ajustes en todo el país.
Con cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, el decreto redefine la operación de ayuntamientos, congresos locales y órganos electorales, con énfasis en paridad de género, austeridad y control del gasto público.
Cambios directos: ayuntamientos con reglas más estrictas
En el nivel municipal, la reforma establece que cada ayuntamiento será integrado por hasta 15 regidurías y refuerza la obligación de cumplir con paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Además, se incorpora una medida clave contra el nepotismo:
queda prohibido que familiares directos del titular saliente —por parentesco, matrimonio o concubinato— puedan competir por la presidencia municipal o cargos como regidores y síndicos.
Congresos estatales con límite de gasto
Uno de los puntos más contundentes está en los congresos locales. A partir de ahora, su presupuesto no podrá superar el 0.7% del gasto estatal, marcando un techo financiero obligatorio.
También se establece:
- Prohibición de reelección inmediata de diputados locales
- Restricción para que familiares directos de legisladores en funciones puedan competir por esos cargos
- Posibilidad de que suplentes sean postulados como propietarios si no ejercieron funciones
La intención es reforzar disciplina presupuestal y reglas de competencia política más cerradas.
Sueldos y beneficios bajo control
El decreto también impacta directamente en los ingresos de autoridades electorales. Bajo el nuevo esquema:
- Consejeros electorales y magistrados no podrán ganar más que el titular del Ejecutivo federal
- Se eliminan beneficios adicionales como seguros médicos privados y pensiones especiales no contempladas en la ley
Esto alinea sus percepciones con el tope constitucional establecido en el artículo 127.
Ajuste presupuestario y destino del ahorro
Como parte del rediseño financiero, el Senado de la República deberá reducir su presupuesto en 15% real durante los próximos cuatro años, sin afectar derechos laborales.
El decreto también define el destino de los recursos liberados:
los ahorros se canalizarán a obras de infraestructura pública en municipios y estados, buscando un uso directo en beneficio social.
Cuenta regresiva para estados: 30 de mayo
El siguiente paso ya tiene fecha límite. El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán armonizar sus leyes antes del 30 de mayo de 2026, ajustando sus marcos normativos a los nuevos lineamientos.
Además, se establece que:
- Entidades que ya cumplen con los límites no podrán ampliarlos, salvo ajuste inflacionario
- Cualquier disposición contraria al decreto queda sin efecto
- Actos que violen la reforma serán nulos de pleno derecho
El “Plan B” entra así en fase operativa, con impacto directo en la estructura política local y en la forma en que se ejerce el gasto público en todo el país.
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