(15 de mayo, 2015).- Abogados y activistas manifestaron su repudio al gobierno de Rafael Moreno Valle por sus constantes violaciones a los derechos humanos en que incurre, entre las que destacan las derivadas de la promulgación de la Ley Bala.
En el encuentro “Desaparecer en las Sombras de la Impunidad” realizado en la Universidad Iberoamericana de Puebla, y organizado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), se presentó un reporte sobre derechos humanos en el estado durante el año pasado. El balance: múltiples violaciones por parte del gobierno de Moreno Valle.
Simón Hernández León, abogado defensor de los derechos humanos y representante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, mencionó que la llamada Ley Bala criminaliza la protesta y pone a Puebla a la “vanguardia” en las violaciones a los derechos fundamentales de los seres humanos. Asimismo, dijo, se propicia que gobiernos de otros estados presenten iniciativas parecidas, como la presentada en Chiapas, iniciativa echada atrás por legisladores de izquierda.
De tal forma que hasta el momento, se han presentado aproximadamente 20 propuestas de ley en diversos estados, para criminalizar las manifestaciones sociales.
“Nos duele lo que está pasando en Puebla, sobre todo porque la ley Bala ya tuvo consecuencia en la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo. Cuando señalábamos desde distintos espacios, desde diferentes luchas, desde diferentes trincheras, que este tipo de leyes violentaban los derechos humanos, la dignidad humana, no estábamos mintiendo cuando preveíamos un escenario como los hechos lamentables, condenables, de Chalchihuapan, no estábamos exagerando”, escribió Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado de Artículo 19, en el anuario sobre derechos humanos presentado por el IDHIE.
El activista agregó que la Ley Bala es responsabilidad de un conjunto de actores –partidos políticos y legisladores- que aprobaron la iniciativa y de esa forma autorizaron a elementos de seguridad usar armas de fuego con el objetivo de disipar manifestaciones. Los resultados: “excesos previsibles como la represión en Chalchihuapan”.
La ley poblana, y las 20 iniciativas presentadas en distintos estados del país, forman parte de una andamiaje legislativo que busca criminalizar la protesta en todo el país, remató el abogado defensor de los derechos humanos.
Con información de Intolerancia Diario
