(20 de mayo, 2014).- La mañana del 16 de mayo, luego de una discusión que duró menos de una semana, el congreso de Puebla aprobó, con 32 votos a favor y cinco en contra, la “Ley Para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales”, enviada por el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Con dicha legislación, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, activistas y fuerzas políticas de oposición, se estará abriendo “indiscriminadamente” una puerta para abusos policiacos, se deja en la indefensión a los ciudadanos frente a los excesos y, además, se aprueba la “sistemática” violación de derechos humanos como la manifestación y la libertad de expresión.
El dictamen de dicha propuesta, contempla, conforme al artículo 41, la definición de una “manifestación ilícita violenta”, con la que se abre la puerta al uso de “armas letales” por parte de los policías que participen en el operativo definido para la ocasión; posibilidad, que queda consumada en el artículo 10 de dicho cuerpo legal:
“Se considera legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física.”
Al respecto, la organización de derechos humanos, Nodho, criticó severamente el proyecto legislativo, dado que en los últimos meses se ha aplicado la “represión” de diversos actores sociales que se han opuesto a la construcción de varios “proyectos de la muerte”, como en los casos del activista Juan Carlos Flores Solís y la ambientalista Enedina Rosas Vélez.
“¿Cómo se determinará que una agresión es ‘real, actual o inminente’ y que justifique el uso de armas letales por parte de la policía durante manifestaciones públicas? Tal vez será cuando a juicio del gobernador o del policía en turno se agredan los intereses de la administración estatal o se ponga en riesgo ‘actual o inminente’ algún tipo de propiedad o megaproyecto”, expresaron en un comunicado.
Por su parte, María Luisa Albores, integrante de la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lamentó la aprobación de la legislación y la calificó como “una advertencia” que va dirigida en contra de todos aquellos que se han opuesto a los grandes megaproyectos mineros, turísticos, de infraestructura urbana y energía, los cuales han dañado a las comunidades campesinas y pobres de Puebla.
“Esta iniciativa, lejos del eufemismo de los ‘derechos humanos’, le dará manga ancha a los proyectos privatizadores. También servirá para acorralar a compañeros luchadores sociales. Esa es la actitud y el ejemplo que da, lo que ha sido su gobierno.
“Otro ejemplo, es que el día 13 de mayo, Moreno Valle aprobó otra ley de expropiación que va en contra de la Constitución, ya que a partir de ésta, ahora tendrá él, como gobernador, la facultad de expropiar terrenos, tierras, casas habitación en beneficio, dice, del estado, pero es muy posible que sea una jugada para las transnacionales”, advirtió Albores, quien también ha sido asesora de proyectos productivos indígenas.
Por último, cabe señalar que durante el periodo del gobernador de filiación panista, frecuentemente relacionado con la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CEDHP), ha recibido 123 recomendaciones, sólo 26 de ellas contra dependencias estatales y el resto contra diversos ayuntamientos.
Recientemente, Moreno Valle también promovió una reforma para que el ombudsman, Adolfo López Badillo, permanezca un periodo de cinco años más al frente de la CEDHP.
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Un estudio realizado por el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, organismo que agrupa a cerca de nueve organizaciones sociales promotoras de Derechos Humanos, advirtió que hoy por hoy, existen al menos 13 legislaciones, seis de ellas en el ámbito federal y siete en lo local, que estarían dando lugar a este escenario, marcado, desde el 1 de diciembre, por la intolerancia a la crítica y la criminalización del ejercicio de derechos ciudadanos.
“Hay un enrarecimiento del ambiente político, sin duda; en el ámbito federal, existen al menos seis leyes –unas en puerta y otras aprobadas– que comienzan a darle más herramientas jurídicas al presidente para suspender Derechos Humanos fundamentales: ahí está la ley de Telecom, la ambigüedad del término ‘terrorismo’, la intervención de las comunicaciones del Código de Procedimientos Penales, etcétera”, sostuvo el activista y dirigente de IniciativaMx, Jesús Robles Maloof.
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