Carles Bondia Rodríguez / Colaborador
(30 de septiembre, 2014).- La manifestación del pasado jueves 11 de septiembre en Barcelona fue otra más de las masivas movilizaciones organizadas por las plataformas cívicas catalanas a favor del derecho a decidir. La tercera Diada multitudinaria, el tercer gran reto superado, la tercera gran fiesta popular consecutiva que sirve para demostrar al mundo que una gran parte del pueblo catalán sigue obstinada en alcanzar su propósito, el cual pasa por alcanzar la independencia política previa consulta democrática en las urnas. Casi 2 millones de personas, de un total de 7.5 censadas en Cataluña, salieron a la calle durante la Diada Nacional para manifestar su voluntad, irrevocable, de ser una nación soberana a todos los efectos.
Para lo que algunos situados más allá de las convicciones democráticas fue otro “aquelarre nacionalista”, una “celebración de la Guerra Civil de los que no quieren restañar una herida entre españoles” o una “manifestación paramilitar”, para el resto de la humanidad fue una reivindicación cívica y festiva acorde con el sentir de la mayoría de catalanes. En las calles de Barcelona, formando una V de voluntad, de votación, de victoria, se reunieron personas de diferente clase social, edad, origen y filiación política, pero todos defendieron con una misma voz su competencia para ser la sociedad que quieran en el país del que todos se sienten parte. Al igual que en las demás manifestaciones organizadas por un conglomerado de asociaciones cívicas y culturales catalanas –entre las que destacan la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència–, la transversalidad y la horizontalidad de este gigantesco movimiento popular y pacífico, que suma y no discrimina, sin parangón en Europa, sigue siendo la tónica predominante, conservando su fuerza y su coherencia y manteniéndose alejado de los partidos políticos del momento.
Cataluña quiere debatir su futuro como nación para seguir creciendo como sociedad plural y moderna; como país que ansía desligarse del pasado-presente controlado por los herederos del franquismo y sus amos de los grandes capitales; como pueblo que desea emanciparse del vasallaje debido a una institución vetusta y anacrónica como es la monarquía; en definitiva, Cataluña pretende abandonar una España con la que se hace imposible entenderse. Queremos la independencia para construir un país propio, pero no para resguardarnos tras unas nuevas fronteras y agitar una nueva bandera, sino para arrancar el camino desde ahí, para cambiarlo todo: las relaciones entre el pueblo y sus instituciones, entre ciudadanos y políticos, entre trabajadores y empresarios, entre todos los pueblos machacados por el poder mercantil y financiero y sus títeres, que colectivizan el endeudamiento y privatizan el beneficio. Llegó la hora de poner un alto a la destrucción social y ponerse de nuevo a construir desde otras bases.
Y los catalanes lo vamos a conseguir, sin desistir ni un ápice de nuestras demandas y de nuestras esperanzas, porque queremos seguir siendo catalanes, porque somos tercos en nuestras opiniones y anhelos, y porque el principio de autodeterminación es un derecho inalienable de todo colectivo humano; principio del que procede la irrebatible e incuestionable práctica democrática por la que una sociedad expresa libremente qué quiere y qué no quiere ser. La lucha por recuperar nuestro futuro después de años de crisis capitalista puede sonar como algo rayano en lo utópico, pero se trata de la única manera que tiene la ciudadanía para no seguir cayendo en el proceso de servilismo económico que se nos tiene programado por los jerarcas poseedores de más de la mitad de la riqueza mundial.
Se trata de un proceso ilusionante que llama a la ciudadanía a la superación de las distintas crisis que azuzan España y para las que no se quiere encontrar la solución: la crisis económica, provocada por la ambición insaciable de unos pocos que nos hacen pagar a todos; la crisis social, por la mengua constante de nuestros derechos como ciudadanos –conquistados (no regalados) por nuestros abuelos y padres con muchos esfuerzos y sacrificios–, lo cual repercute tanto a nivel laboral, educativo o sanitario del desmantelado estado del bienestar, así como en la represión y criminalización de la protesta pacífica; y por último, la crisis institucional, por la que las personalidades e instancias políticas del régimen franquista que se reciclaron –en ademanes, nunca en el carácter– durante la “modélica” Transición (o mejor Transacción, por cómo se vendieron todos) se están hundiendo irremediablemente en el lodo, carcomidas por su falta de legitimidad democrática, por su corrupción en todos los niveles y por la incredulidad y desconfianza de las nuevas generaciones que no han nacido entre los ruidos de sables que acompasaron la redacción de la Constitución española de 1978.
Dicho marco legal es el que sirve como ley divina, inobjetable, intocable e inmutable, y como adarga, siendo como es la garante de la supervivencia como casta de los acólitos del régimen de acomodados hijos (y hasta nietos) elegidos por Franco; régimen bipartidista imperante en España desde la estructuración de una democracia que permite y financia homenajes inauditos en cualquier otro sistema político aceptado actualmente en Occidente: a la División Azul, enrolada junto a la Wehrmacht en su invasión a la URSS; a la misma figura del dictador español, subvencionando la Fundación Francisco Franco o el mantenimiento del faraónico mausoleo para el “Centinela de Occidente”; e incluso consintiendo que el partido fascista Falange Española-Juntas Ofensivas Nacional-Sindicalista (FE-JONS) se presente tranquila y continuamente en todas y cada una de las elecciones.
En este régimen, a los catalanes, a los vascos, a los gallegos y a todos los republicanos y progresistas españoles, se nos dice hasta la saciedad que no se pueden hacer referéndums para consultar al ciudadano si quiere seguir pagando una deuda impagable que nunca contrajo, tampoco si quiere seguir siendo súbdito de una determinada casa real (realmente depravada), ni por supuesto si quiere decidir que su nación, distinta, ni mejor ni peor que de las otras que forman las Españas, se propulse fuera de este cortijo de estado que dirigen la monarquía y los responsables del Pacto Constitucional de 1978 a las órdenes del BCE, del FMI y de la política exterior de los Estados Unidos.
Los intentos de encajar la identidad nacional catalana en el conjunto de España han fracasado uno tras otro en los últimos tres siglos; ni hemos podido integrarnos como nación dentro del estado, ni han podido aniquilarnos como cultura, ni tampoco hemos tenido la suficiente capacidad de persuasión para redirigir el estado hacia un modelo de país más incluyente, pacífico, moderno y sin clases privilegiadas. Penosamente reconocemos que agotamos las opciones, que se nos acabaron las oportunidades. Pero también se nos agotó la paciencia esperando que surgiera una alternativa al monocentrismo atávico para conformar realmente una pluralidad de pueblos ibéricos que se comprenden y se respetan en el seno de una nación española; y si la hubiere, que se apareciere. Hasta este momento, y pese a la diversidad interesada de las encuestas que realizan unos y otros, lo que arrojan los resultados es una ruptura mayoritaria de los catalanes con esta España antediluviana, incapaz de ofrecer argumentos políticos válidos para convencernos para que nos quedemos. Y ya nos estamos yendo.
