Las actuales condiciones de los trabajadores en México explican, en mucho, el crecimiento del repudio al presidente Enrique Peña Nieto. Siete de cada diez mexicanos rechazan su administración, de acuerdo a el sondeo nacional de un diario capitalino. Entre líderes en el país el repudio sube a 8 de cada 10. Reprueban el manejo de la economía de su gestión, la carencia y baja calidad del empleo, la generación de pobreza, la falta de resultados en materia de seguridad, el fracaso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y el imperio de la corrupción y la impunidad en su gobierno, entre otros aspectos.
Los gobiernos de derecha en México durante este siglo generaron una clase trabajadora miserable, lo cual contribuyó al incremento de la pobreza en el país. Las reformas a las leyes en materia de trabajo y al IMSS y al ISSSTE, se enfocaron a beneficiar a los patrones y perjudicaron a los trabajadores, los cuales no fueron tomados en cuenta, ni sus sindicatos con todo y el esquirolaje, y conformaron en territorio nacional un ejército de empleados paupérrimos, con bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo, y con remotas posibilidades de pensionarse o jubilarse en términos dignos. Menos de la mitad de los trabajadores en el sector formal alcanzan ese derecho. Del sector informal mejor ni hablamos. Una vejez en la miseria es el futuro.
Una gran parte de los derechos laborales de los mexicanos y las garantías adquiridas por los trabajadores activos o potenciales fueron anulados o eliminados por la reforma a la histórica Ley Federal del Trabajo, en noviembre del 2012, la cual entró en vigor de inmediato y eliminó el principio de estabilidad laboral; estableció la tesis de los contratos temporales (a prueba, por tiempo fijo y para capacitación); y legalizó uno de los peores instrumentos de la irresponsabilidad laboral, es decir, el outsourcing o subcontratación”.
La reforma laboral fue la culminación de un proyecto de los más conservadores empresarios del país, por lo menos desde los años 80, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde se propuso la flexibilización, la cual tuvo otras réplicas como la propuesta por Abascal en el gobierno de Fox. Esta reforma implicó una desregulación excesiva del mercado laboral, donde se deja todo al mercado, es decir, el empleo y el salario a merced de la oferta y la demanda. La reforma precarizó el empleo.
Diversos grupos de abogados contratados por sindicatos, establecen: la reforma legalizó también en los hechos el despido sin indemnización y sin importar si fue justificado o injustificado; incrementó las causales de despido al aceptar las quejas de los clientes; desapareció el aviso de despido para las trabajadoras domésticas; legitimó las renuncias “en blanco”, al modificar el artículo 53 de la LFT el cual requería de un acuerdo entre las partes; creó “normas nuevas” dirigidas a los jornaleros agrícolas, para justificar el despido libre y sin costo para ellos; legalizó el “contratismo de terceristas”, permitiendo a los patrones no asumir sus obligaciones laborales y lo hagan por ello los contratistas, materializándose “fraudes legales” contra los trabajadores, al suprimirse la responsabilidad solidaria en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.
Asimismo, permitió la fijación del salario de manera unilateral por parte del patrón, sin intervención sindical; legalizó la polivalencia (el multiusos) del trabajador con el mismo salario; con la certificación laboral, autorizó la imposición de condiciones unilaterales de trabajo, es decir, el patrón puede bajar el salario sin consultarle previamente; permitió la fijación del monto de bonos, incentivos y comisiones, de manera unilateral, sin necesidad de revisarlos anualmente; neutralizó el salario mínimo al crear el “salario infinitisimal”, permitiendo que el salario se pueda pagar de manera proporcional por el tiempo laborado, con la base de un salario mínimo. Así, una persona que labore 4 horas se le paga la mitad del salario mínimo.
Inició la desaparición de las plazas de base, porque el gobierno y las empresas privadas despiden a la mayoría de sus trabajadores de base, para contratarlos con estas nuevas y esclavizantes condiciones laborales; legalizó la subcontratación vía outsourcing, la cual reduce el salario y permite en una empresa trabajadores con las misma funciones, pero con diferente salario y prestaciones; y permitió la ampliación o reducción de las horas de trabajo, las cuales se pueden ajustar diariamente, de acuerdo a las necesidades de la empresa o Centro de Trabajo.
De ese tamaño ha sido el ramalazo a la clase trabajadora. Los sindicatos no luchan ni los representan, los líderes se enriquecen y venden todo aquello solicitado por el gobierno. Son en el presente los verdugos, son los enriquecidos no solo por las cuotas sino por estos tratos con la federación con cargo al bolsillo de quienes perciben salario mínimo y ninguna prestación. Cada quien debe comprar el espejo para visualizar su vejez.
CORRUPCIÓN DAÑA A PEÑA NIETO
La corrupción filtrada y detectada hasta Los Pinos y el pésimo manejo de la economía, explican para el Partido Acción Nacional (PAN) la caída en la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. El portavoz del blanquiazul, Fernando Rodríguez Doval, subrayó: “el desempeño económico de este gobierno ha sido muy deficiente. Nosotros en todo momento lo hemos estado alertando y tristemente el tiempo nos ha dado la razón”.
Para los panistas, el gobierno no debiera de quedarse con los brazos cruzados.
“Los diputados del PAN proponen un conjunto de medidas en materia económica, empezando por revertir esa tóxica nefasta reforma fiscal que aprobó este gobierno. Pero también hemos insistido en el tema de sacar adelante una auténtica legislación anticorrupción. Y en los dos temas, pareciera quedar claro que el gobierno no tiene un compromiso, y eso ya lo han notado los ciudadanos y por eso lo están reprobando”, señaló.
Por otro lado, diputados de oposición solicitan una comisión especial para revisar los contratos firmados entre las empresas de Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, y 27 paraestatales mexicanas. Entre éstas se encuentran: el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Fonatur, ISSSTE, IMSS, Pemex, CFE, Banobras, Nafinsa, Liconsa y Banjército, entre otras.
La legalidad de los contratos está en entredicho desde noviembre de 2014, cuando una investigación periodística reveló: Grupo Higa es la dueña legal de la casa, valuada en 86 millones de pesos, donde vivía el presidente Peña Nieto. Semanas después, otra investigación denunció: esa empresa, ganadora de diversos contratos para obra pública desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, había vendido al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, una casa en Malinalco tasada en 7.5 millones de pesos y pagada con un cheque no cobrado hasta que la indagatoria estaba a punto de publicarse.
En San Lázaro, la oposición busca se revisen los contratos firmados entre el gobierno federal y las empresas de Hinojosa del 1 de septiembre de 2012 a la fecha; también vigencia de la comisión hasta el 31 de agosto de 2018. En la justificación de la propuesta se recuerda también el nombramiento de Peña Nieto a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública a fin de ser investigado con el obvio resultado de la exoneración.
Los llamados “conflictos de interés” están a la vista y siguen saliendo, siguen en la impunidad, siguen provocando, al término de su revelación una simple interrogante: ¿Y? Al hacer una visita a varios países en América y Europa nos encontramos con la sapiencia de Jolopo: “lo peor que puede pasarnos es convertirnos en un país de cínicos”. Aquí esto es visible, pero el resto del mundo sigue con ese comportamiento, solamente que en otras tierras se castiga.
