(06 de noviembre, 2013).- ¿Sabes quiénes son los que te observan cuando protestas?, ¿cuál es su labor?; ¿es cierto que apoyan a la policía para realizar detenciones? y ¿por qué se les ve como infiltrados?
En entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO, Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, explica la función de esos ojos que observan a los que protestan, a los que marchan y se expresan en las calles.
A esos a quienes los marchantes veteranos identifican de inmediato: con rostro adusto, generalmente cubierto por una gorra, vestidos de civil, con radios de comunicación en mano y capacidad para colarse en contingente, ¿quiénes son en realidad?
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En la capital del país todos los días hay un promedio de 18 eventos multitudinarios que el gobierno local debe atender. Los más comunes son movilizaciones, mítines políticos, actos culturales o deportivos, que requieren coordinación institucional y todo un operativo de monitoreo, seguimiento e interlocución de parte del GDF.
Todas las áreas se movilizan, incluso si se trata de un evento pequeño: oficinas de recepción de documentos, procuraduría, reclusorios, policías auxiliares, tránsito y hasta los operadores de Metrobús, según García Ochoa, cuyo trabajo no es sencillo.
“Hay que saber con claridad y certeza lo que acontece en la ciudad”, resume el funcionario, dependiente de la Secretaría de Gobierno del DF, cuyo último cargo relevante fue el de diputado federal por el PRD en la delegación Azcapotzalco.
En ese tejido de dependencias, la Secretaría de Gobierno es sólo una de las dependencias que participa en la cobertura de las movilizaciones en la capital y su tarea básica es el diálogo con los ciudadanos que se manifiestan, lo que permite conocer las demandas e intentar darles solución.
La estrategia arranca al ubicar la demanda y establecer una coordinación con la representación de los manifestantes. Para ello, se despliegan elementos de la Secretaría de Gobierno, quienes tienen obligado “presentarse e identificarse” y así establecer la interlocución con la movilización social.
“Los servidores públicos ubicados por su sistema de intercomunicación no tienen la función, ni la instrucción de realizar detenciones, ni hacer labores que le corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal”, asegura García Ochoa.
Para estos casos, dice, la Secretaría de Gobierno dispone de alrededor 80 elementos que se despliegan en puntos estratégicos de la ciudad y su única labor es servir de puente. Cualquier aviso para que elementos de la policía o de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) hagan detenciones está fuera de sus facultades laborales.
Hacerlo violaría la Ley Federal de Responsabilidades los Servidores Públicos con una sanción que iría desde una amonestación verbal hasta la separación del cargo y la inhabilitación para tener un trabajo en el gobierno hasta por diez años.
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Aunque no contribuyen de forma directa en las detenciones, en el caso de alguna situación irregular o conato de violencia, esos 80 personajes vestidos de civil, con radio en mano, alimentan un cerebro de información que permite la reacción inmediata de los cuerpos de seguridad. Es decir, como ojos del sistema registran todo lo que acontece sobre los espacios públicos para facilitar el control social.
“A pesar del costo político, nuestra tarea, como ciudad y como gobierno, es garantizar la seguridad de los que se manifiestan, es que la gente pueda ejercer su derecho de manifestación y que lo haga de una forma segura”, afirma García Ochoa.
El trabajo se volvió más complejo a partir del 1 de diciembre del año pasado, conocido en redes sociales como #1DMx, pues se evidenció la existencia de grupos con una alta capacidad de hacer daño y ese contexto, comenta, justifica el uso de la estrategia del encapsulamiento.
“Es un fenómeno que en la magnitud que se está presentando es nuevo. No digo que no hubiera violencia antes, pero siempre ha sido muy focalizada y aislada. Pero, en esos niveles de coordinación y violencia que se hace de manera colectiva, ahora se ha complicado”, indica.
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“La capital ha tenido 140 reuniones para llegar a acuerdos con los maestros. [En contraste] La Secretaria de Educación Pública, que es el interlocutor legítimo y válido, ninguno. Pero eso sí, nos obligan a enviarles cuerpos de seguridad para proteger sus instalaciones”, dice en un tono de voz molesto.
El guanajuatense de 44 años niega que la administración de su jefe, Miguel Ángel Mancera, busque la criminalización de la protesta social, como distintas organizaciones civiles de izquierda lo aseguran.
Apenas el 19 de octubre, el semanario Proceso publicó un reportaje especial titulado “Oficial: Mancera criminaliza la protesta ciudadana”, que daba cuenta del Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes, un reglamento publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y que no llegó a los medios ni a Asamblea Legislativa, que autoriza a la policía capitalina a usar hasta la fuerza letal contra los manifestantes que muestren señas de “agresividad” durante marchas o mítines.
“Firmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, el protocolo es en respuesta a los hechos del 1 de diciembre de 2012, durante las protestas contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, cuando la policía capitalina reprimió a manifestantes y realizó detenciones arbitrarias.
“Considerada hasta hace poco un ejemplo nacional de las libertades y la tolerancia, a partir de la llegada de Miguel Ángel Mancera al gobierno y en especial tras la expedición del PCM, la Ciudad de México acumula denuncias de actores sociales por espionaje político, arrestos arbitrarios y selectivos, acoso a manifestaciones pacíficas que derivan en enfrentamiento con brutalidad policiaca, así como agresiones a defensores de derechos humanos y a periodistas que intentan documentar la vulneración de garantías”, se lee en el texto del reportero Arturo Rodríguez.
Entre las organizaciones que manifestaron su desacuerdo con este nuevo perfil del GDF se encuentra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que ha criticado con dureza la “derechización” del gobierno perredista en el DF.
Sin embargo, García Ochoa ve otra ciudad y asegura que en cada marcha se respetan los derechos humanos de los manifestantes.
“El gobierno ha aguantado la envestida mediática de la derecha, que está pidiendo se actué en contra de quienes ejercen sus derechos a manifestarse”, asegura y delinea el reto: mejorar las fórmulas de actuación para poder discernir entre quienes ejercen legítimamente el derecho a la manifestación y quienes no, buscando boicotear o inhibir la participación ciudadana, generando violencia en las manifestaciones, enfatizó García Ochoa.
“Nosotros queremos que la ciudad siga preservando el respeto ganado a pulso, a través de la lucha democrática, garantía de la libertad de expresión de manifestación, de asociación y el derecho de petición”, dice.
