En el transcurso del 2019, la organización civil “Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca”, ha registrado al menos cinco asesinatos de personas defensoras, cuatro de ellos en contextos de defensa de los derechos de pueblos indígenas, y tres de ellos en el Istmo de Tehuantepec. En relación a mujeres defensoras, las agresiones más frecuentes fueron difamación y campañas de desprestigio, hostigamiento y amenazas.
Por ello y para conocer más de la situación que viven personas defensoras de Derechos Humanos, es que se realizó la “Misión Internacional de Observación y Documentación de la situación de personas defensoras de Derechos Humanos en Oaxaca”, que durante 4 días recorrió el Istmo de Tehuantepec, para visitar a las personas que ahí habitan, y en el caserío Playa Brasil, en la costa del Istmo de Tehuantepec, quienes expresaron sus preocupaciones sobre diversos temas.
La Misión se integró por representantes de las embajadas de Alemania, Suiza, Canadá y Gran Bretaña, periodistas, y representantes de organizaciones sociales como Servicios y Asesoría para la Paz, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Brigadas de Paz, y Servicio Internacional para la Paz.
Los estragos del sismo
En un recorrido por Juchitán de Zaragoza, la defensora zapoteca Bettina Cruz, habló de los pocos avances que se han dado en la reconstrucción desde el terremoto de magnitud 8.2, el 7 de septiembre 2017. Denunció que se construyó un nuevo edificio para el mercado, que desde hace meses luce con sus ladrillos rojos pero que hasta la fecha no ha sido entregado al público. Las y los comerciantes siguen vendiendo en las calles y en la plaza central, protegiéndose de la intemperie con algunas lonas. Nadie se atreve a poner su puesto de ventas bajo las arcadas medio desmoronadas de la municipalidad, que desde el terremoto, también quedó inhabilitada.
De la misma manera y sin señales de reconstrucción, se encuentra la Casa de la Cultura de la Ciudad, en su época fundada por el artista Francisco Toledo. Del patio interior con su pasillo y las plantas, sólo quedan escombros amontonados en los lados laterales, el ingreso está prohibido. Cruz narró que debido a que el dinero entregado por el gobierno para la reconstrucción sólo cubrió una parte del daño, muchas habitantes de la ciudad no pudieron cubrir todo el costo, por lo que sólo levantaron una parte de su casa, algunos apenas el fundamento, y en eso se quedaron.
El mismo panorama se presentó en otras comunidades de la región, donde la misión observó varias casas medio terminadas. “Nos construyeron la casa, pero todo el techo está goteando cuando llueve”, compartió una habitante de Cerro Grande, San Francisco Ixhuatán, mientras que comuneras de San Mateo del Mar afirmaron que la tarjeta entregada por el gobierno sólo ayudó parcialmente, ya que sólo podían comprar materiales en tiendas que participaban y no por mayoreo en su vecindad, por lo tanto, no pudieron terminar.
Las Eólicas
La misión además visitó Unión Hidalgo, población mayoritariamente zapoteca, y donde desde 2011 se están construyendo parques eólicos. En la región del Istmo, por su posición geográfica entre los dos océanos Pacífico y Atlántico, se generan vientos poderosos y estables, que desde inicios de los años 2000 atrajeron a empresas en su mayoría europeas, a instalar parques eólicos.
Las personas defensoras de Unión Hidalgo contaron que el modus operandi fue acercarse a personas individuales y ofrecerles dinero, con precios entre seis mil y 15 mil pesos anuales por hectárea, pero sin una consulta previa, libre e informada como está prevista en el convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo, y sin consultar a la Asamblea que de hecho tiene la facultad de decidir sobre las tierras comunales indígenas.
Desde 2011, se han instalado dos centrales eólicas, y se prevén dos más y una línea de alta tensión. Uno de los megaproyectos fue frenado a través de un amparo que fue concedido porque la consulta realizada en el transcurso de 2019, no cumplió con los requisitos internacionales y violó los derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, las y los defensores del pueblo lamentaron que la llegada de las empresas eólicas significó una división del pueblo, en personas “ambiciosas” a favor y otras en contra, y una alta tensión que también ha llegado a amenazas contra las personas defensoras. Al mismo tiempo, enfatizaron que ninguna de las promesas que hace años aparecieron en los panfletos de las empresas, como una universidad, un hospital, calles pavimentadas y demás, habían sido realizadas. Al mismo tiempo que la región produce millones de megawatt de energía para el país, los recibos de luz en la región son tan elevados de hasta mil 500 pesos por mes, que muchas personas no pueden pagar.
Ante el panorama, muchas de las personas que viven en la comunidad Cerro Grande, un pueblo que vive de la pesca, al oriente de Juchitán, decidieron dejar de pagar la electricidad. La lucha contra la Comisión Federal de Electricidad fue uno de los relatos que narraron en la visita de la misión a su comunidad, donde una parte de las calles seguía inundada por el reciente paso de un ciclón tropical. Integrantes del colectivo “Sol Rojo” también recordaron al defensor de la tierra y del territorio Luis Armando Fuentes Aquino, asesinado el 11 de abril 2019 un día después de liderar una manifestación en contra de los megaproyectos en el Istmo.
San Mateo del Mar, pueblo ikoots situado en una península al sur de la laguna de Juchitán, también vivió un conflicto interno con su comunidad vecina el cual se agudizó con la llegada de la empresa eólica española.
Mientras que el pueblo vecino, cuyo único acceso terrestre pasa por San Mateo del Mar, firmó un convenio con la empresa, la asamblea de San Mateo decidió rechazar la oferta, por lo que ahora viven en una situación de alta tensión y peligro para las personas defensoras de la tierra. Cabe destacar que las mujeres ikoots tuvieron un rol significativo en la defensa, por lo que algunas han sido blanco de amenazas.
El corredor Transístmico
Mientras tanto, mujeres y hombres que viven en la comunidad de Playa Brasil, al occidente de Salina Cruz, expresaron su temor ante la posible afectación por el “Corredor Transístmico”. Desde que les llegaron a cuentas privadas de Whatsapp imágenes de mapas distribuidas luego de una reunión privada del presidente Andrés Manuel López Obrador con autoridades portuarias en Salina Cruz, temen que un nuevo puerto industrial sea construido en su playa, a pesar de que autoridades locales lo negaron.
Planes para conectar el Pacífico y el Atlántico, aseguraron, fueron concebidos desde tiempos de Porfirio Díaz, pero nunca se realizaron. Cuando López Obrador tomó protesta, uno de los megaproyectos que anunció fue el “Corredor Transístmico”, que abarca la construcción de un tren, un gasoducto y la instalación de diez parques industriales, todo esto acompañado por la Guardia Nacional para la seguridad de las y los empresarios. Sin embargo, la población no ha sido informada de más detalles.
La Misión terminó su recorrido y escuchó todos los testimonios, refrendando su compromiso con los Derechos Humanos y las personas que los defienden, y tuvo como objetivo dar a conocer lo que viven las comunidades para visibilizar el riesgo de las personas que defienden la tierra y el territorio.
