Cerca de 280 personas de 0 a 17 años fueron víctima de trata de personas a cargo de agrupaciones delictivas en México durante 2024. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señala que estas niñas, niños y adolescentes (NNA) son probables víctimas de utilización por agrupaciones delictivas.
Estas cifras son el reflejo de una las problemáticas más complejas y urgentes en el combate a la delincuencia en el país: el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte de los grupos criminales.
Al respecto, la REDIM y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) emitieron un informe que, entre otras cosas, señala que en México, actualmente, no existe una tipificación específica para el delito de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, el reporte cita tratados internacionales (suscritos por México) que pueden ser una pauta para legislar, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual establece que los Estados Parte adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades.
De 2015 a 2024, el número de menores víctimas de trata de personas por agrupaciones delictivas ha incrementado 67.7 por ciento (de 167 a 280 casos) y en promedio, cada año se registraron 206 niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito (154 mujeres y 52 hombres).
El sicariato no es el único fin del reclutamiento de menores
En entrevista para el portal Cambio Digital, el coordinador regional de Tejiendo Redes e Infancia, Juan Martín Pérez García, detalló que desde 2015, la REDIM ha planteado tipificar como delito grave el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el marco de la violencia armada o el crimen organizado.
Asimismo, destacó que es vital superar la idea que los menores solo son reclutados con fines de sicariato.
“Hay muchos niños siendo usados como halcones, informantes, como mulas trasladando piezas de armas y otro tipo de sustancias, y algunos ya involucrados en delitos de alto impacto” indicó Pérez García.
Además de la exigencia social, actualmente en la Cámara de Diputados hay una iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de reclutamiento de menores de edad por organizaciones criminales o grupos delictivos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 más de 32 mil adolescentes estuvieron vinculados a la comisión de un delito. Destaca que uno de los cinco delitos más frecuentes en materia de justicia adolescentes es el narcomenudeo, con 8.4 por ciento.
Adolescentes en penitencia cometieron 7 de 23 delitos de delincuencia organizada
En este sentido, REDIM resalta que en el mismo año, las y los adolescentes que fueron privadas de la libertad por delitos en los que se suele involucrar la delincuencia organizada habían sido sentenciadas por siete de 23 delitos tipificados en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y sus Protocolos:
- Feminicidio y homicidio (346 casos)
- Tráfico de estupefacientes (134 casos)
- Secuestro y desaparición forzada (120 casos)
- Lesiones y lesiones dolosas (55 casos)
- Robo de vehículo (28 casos)
- Extorsión (9 casos)
- Delitos de delincuencia organizada (2 casos)
- Pornografía infantil (1 caso).
“Este informe lo que trata de demostrar es que cada vez más, los delitos por los cuales están siendo imputados o cometiendo infracciones los adolescentes, están vinculados a crímenes de alto impacto asociados a delincuencia organizada” reiteró Pérez García.
Ante estos datos y con el sustento del informe referido, la REDIM ha identificado que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos es una forma de violencia especialmente grave que requiere una criminalización y tipificación jurídica.
Por ello, promueven que esta forma de violencia sea tipificada como un delito considerando la eliminación de la distinción sobre la base del consentimiento, reconocer todos los roles que juegan los NNA dentro de los grupos delictivos y promover sanciones proporcionales con la afectación a los derechos de la infancia.
