(19 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado 30 de abril dos pequeños alumnos de primaria se quedaron sin el prometido festejo por su día, a consecuencia de la precaria condición económica en la que viven junto a su madre.
Los hermanos, alumnos de la escuela primaria Miguel Crespo Mariscal, ubicada en Los Mochis, Sinaloa, quedaron relegados de la celebración pues a su mamá le fue imposible juntar los 560 pesos que le solicitaban en la institución como cuota para el festejo, y tampoco pudo reunir los 140 pesos extra necesarios para que las maestras dieran a los pequeños una playera que les permitiría acceder al festejo.
La exclusión de los pequeños no sólo les causó tristeza, sino también sorpresa al no alcanzar a entender por qué no podían festejar junto a sus compañeros y amigos.
Desgraciadamente el caso de estos niños no es un hecho aislado en nuestro país.
Verónica Juárez Piña, diputada federal presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, declaró que el 60 por ciento de niñas, niños y adolescentes en México –de entre uno y 14 años- son víctimas de algún tipo de violencia, que va desde maltrato emocional, físico, e incluso sexual; más preocupante aún, los victimarios son generalmente los propios padres, maestros, tutores, o algún tipo de representante de la autoridad cercana a los menores.
Argumentó que es preocupante la constancia con que se registran este tipo de hechos y el recrudecimiento del maltrato hacia los niños, particularmente de los que nacen y se desarrollan en pobreza extrema, sin alimentos adecuados, acceso a la salud ni a una vida digna, condiciones que a largo plazo pueden provocarles baja autoestima, inseguridad, depresión, sentimiento de inferioridad e inadecuación, conducta agresiva, problemas de disciplina y comportamiento delictivo.
Sobre la situación de exclusión que vivieron los menores en Sinaloa, Juárez Piña solicitó, a través de un punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Secretaría de Educación Pública del estado, investiguen la situación y sancionen a los responsables.
Urgió a autoridades federales, estatales y municipales, comprometerse a instaurar políticas públicas y acciones que ayuden a combatir el flagelo que implica la violación a los derechos de los infantes, además de trabajar por la prevención de abusos.
“La ausencia de un sistema veraz y fiable de información sobre las formas en que se ejerce la violencia contra la infancia y las consecuencias de ésta, dificulta la tarea de hacerla visible, desnaturalizarla y contar con respuestas adecuadas de política pública para su prevención y erradicación; ahora es momento de profundizar nuestras acciones para su erradicación”, dijo.
La legisladora Yesenia Nolasco sostuvo que, en los hechos, se registra una tendencia creciente hacia la discriminación, particularmente por motivos raciales, económicos, laborales y por preferencias sexuales, a causa de la falta de aplicación de las normas que lo prohíben.
Según la Encuesta Nacional Sobre Discriminación 2010, dos de cada 10 personas con un nivel socioeconómico bajo han sido discriminados tan sólo por el color de su piel, mientras que sólo una de cada 10 con nivel socioeconómico alto lo ha sido por el mismo motivo.
“Las carencias monetarias, la apariencia física, la edad y el sexo son las condiciones más propensas y señaladas por los distintos grupos encuestados mediante las cuales se ha percibido que sus derechos no han sido respetados por esas mismas causas”, apuntó Nolasco.
