A sólo minutos de que terminara el viernes, la Cámara de Diputados recibió el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, un documento clave que reordena el uso del agua en México, establece controles más estrictos a las concesiones y define delitos hídricos para cerrar la puerta al abuso y la impunidad.
El proyecto —elaborado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento— también incorpora cambios solicitados por campesinos y productores, quienes en días recientes hicieron llegar sus observaciones a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ajustes centrales de la nueva ley: concesiones, sucesiones y uso prioritario
Uno de los puntos más sensibles del debate fue resuelto: las concesiones de agua ya no podrán transferirse a terceros, pero ahora se incluyen garantías de sucesión para que los usuarios puedan heredar sin perder su licencia, incluso si hubo irregularidades por transmisiones previas.
El dictamen también modifica el artículo 4, precisando que cualquier disminución o cancelación de volúmenes deberá estar fundada y motivada con base en criterios legales específicos. Esto busca evitar decisiones discrecionales y dar certeza a los usuarios.
Otro cambio relevante: se retirarán los títulos de concesión que no estén siendo utilizados, para reintegrar ese volumen a las aguas nacionales. Además, se establece que toda autorización, permiso, asignación o prórroga deberá priorizar el consumo humano y doméstico antes que cualquier otra actividad.
Protección a pequeños usuarios y combate a la impunidad fiscal
La exposición de motivos del dictamen destaca que la nueva legislación busca proteger a pequeños usuarios rurales cuyos derechos habían sido excluidos por no poder comprobar su uso durante dos años.
También se pone el foco en un tema histórico: la impunidad fiscal. En 2023, usuarios industriales y de servicios sólo pagaron 12 mil millones de los 56 mil millones que adeudaban. La reforma apunta a terminar con esta brecha.
Esta nueva ley es además la reglamentación pendiente de la reforma constitucional de 2012, cuya emisión fue exigida incluso por la Suprema Corte.
Morena promete escuchar al campo y ajustar lo necesario
Horas antes de difundirse el documento, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que sostuvo una reunión con productores y campesinos inconformes para revisar y atender sus preocupaciones dentro del texto final.
El legislador aseguró que el dictamen sí tendrá ajustes:
“Va a tener cambios, precisiones, aclaraciones y va a aclarar las dudas también de los productores y sí vamos a hacer modificaciones a la iniciativa inicial para poder atender sus preocupaciones, demandas y exigencias”, subrayó.
Monreal señaló que su intención era que las comisiones tuvieran el documento en sus manos desde el viernes para contar con cinco días de análisis, y adelantó que la discusión podría realizarse el miércoles, con posibilidad de turnarlo al Pleno ese mismo día o el jueves.
También destacó la importancia de dar certeza sobre el objetivo central:
“Es conveniente no dejar dudas en la intención de esta tan importante ley… de lo que se trata es que no haya acaparamiento del agua, que no haya uso indebido, que no se venda ni se destine a fines distintos a los que la concesión se refiere, y que no haya impunidad”.
Al reconocer la postura de los productores, Monreal señaló que el director de la Conagua, Efraín Morales, ha comprendido las presiones y la necesidad de ajustes:
“La presión de los campesinos y de los productores es correcta en muchos de esos puntos… vamos a actuar con mucha responsabilidad”.
¿Quedarán satisfechos los productores?
A la pregunta directa, Monreal respondió sin rodeos:
“En la mayor parte, se van a atender. Obviamente en un acuerdo y una negociación no se tiene todo… pero los temas sustanciales sí van a quedar atendidos en esta ley”.
Con el dictamen ya circulando oficialmente, la discusión de la nueva Ley General de Aguas entra a su fase definitiva en San Lázaro, donde se perfila un debate intenso pero con acuerdos avanzados entre legisladores, autoridades y productores.
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