Colima 3.0 / @Colima3_0
(31 de mayo, 2014).- Este viernes, Artículo 19 presentó en la capital de Colima su informe Disentir en el silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013, donde se da cuenta de un declive constante en la seguridad para el ejercicio de la libertad de expresión en este país al menos en los últimos 10 años, lo que afecta de manera especial a periodistas y manifestantes.
En conferencia dictada en la Universidad del Valle de Atemajac, Ricardo Luevano señaló que la crítica y el derecho a disentir es un ejercicio que tiene que realizarse en silencio en México, pues quienes disienten señalando se exponen a intimidaciones y agresiones de distinto tipo, desde la violencia física, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, despidos injustificados o situaciones que empujan a la autocensura.
Si por un lado el crimen organizado es un fuerte agresor de periodistas, del otro aparece el Estado: en los casos identificados de 2013, 6 de cada 10 periodistas fueron agredidos por parte de un funcionario público, y sobresalen los casos protagonizados por policías estatales y municipales.
El panorama no es alentador para la prensa y para quienes suelen movilizarse, la libertad de expresión presenta problemas estructurales, pues aparte de que no hay una respuesta eficaz del Estado ante la denuncia, este ejerce la agresión a través de funcionarios públicos y representantes populares.
El informe 2013 registra y documenta un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México, donde se destaca que en México se agrede a un periodista cada 26.5 horas, el ochenta y cinco por ciento de estas se dirigen contra un reportero o periodista audiovisual, y se incrementan las agresiones contra mujeres.
De hecho, hay una importante variable de género pues a la par de las detenciones o acoso, hay maltrato verbal, intimidación y violencia oral e incluso agresiones sexuales que no se presentan en el caso de los hombres.
La participación ciudadana crece poco y el Estado aumenta los controles
Si bien en los últimos años la sociedad civil aparece como un nuevo actor en la disputa de lo político, el acceso de los ciudadanos a espacios públicos y mediático no ha tenido un efecto enteramente positivo, y de hecho la relación Sociedad Civil – Estado se ha visto atrofiada por la cooptación, la tradición coorporativizadora y el autoritarismo.
2012 es un año que marca la recomposición de las relaciones entre fuerza pública, prensa y quienes se manifiestan, lo que se refuerza a partir de la coyuntura postelectoral, donde se confrontaron la salvaguarda del orden por medio de la fuerza policial frente a la movilización de la sociedad civil por hacer manifiesto su derecho a la participación en condiciones equitativas y limpias.
Los datos son ilustrativos, las detenciones arbitrarias y agresiones registran un sustancial incremento en el Distrito Federal, sobre todo en las zonas aledañas al centro histórico, donde destaca la delegación Cuauhtémoc. Es en el DF donde se verifican en el corto plazo, los impactos de una visión de la seguridad que sacrifica derechos humanos, civiles y políticos.
Pero no solo se registra un aumento de las acciones represivas por parte de funcionarios y elementos policiales, sino que hay una tendencia a cambiar los ordenamientos legales para inhibir la protesta social, como en el caso de las entidades que han aprobado leyes para regular las manifestaciones.
Durante el 2013 se registra el uso de la figura de delitos contra el honor (calumnia, difamación, injuria y ultrajes no físicos) como herramienta inhibidora de la libertad de expresión, abriendo procesos criminales contra periodistas, en violación a llamados internacionales y compromisos del Estado mexicano
A parte de que las amenazas y agresiones crecen, los patrones de violencia contra periodistas y activistas han cambiado de métodos, ahora se registran campañas de acoso a cyberactivistas, hay una tendencia a limitar los derechos digitales, por ejemplo, el encarcelamiento de twitteros por realizar denuncias públicas: hay una necesidad del poder político para cooptar las redes sociales con el afán de callar voces que disienten de gobiernos e instituciones.
Tejer redes para romper el cerco
Si bien durante la llamada transición mexicana a la democracia durante el desplazamiento del PRI de la presidencia de la República se abrieron posibilidades para la participación de la sociedad civil, este proceso no cuajó pues no se consolidó un empoderamiento ciudadano que permeara a las instituciones, y a pesar de la presencia de las redes sociales actualmente, la participación ciudadana no ha crecido, “no aprovechamos en nada la democracia… no nos desapoderamos… hoy tenemos más miedo del que teníamos hace 12 u 8 años”, apuntó Luevano.
Durante el 2013 la violencia en las protestas de la capital del país fue regla, y en lugar de garantizar la libertad de expresión el gobierno ha optado por ejercer la represión y la confrontación directa con manifestantes así como las agresiones a medios de comunicación.
Y si por si esto no fuera suficiente, el representante de Articulo 19 señaló que presenciamos una centralización de la vida institucional, y puso como ejemplo el caso de la transición del IFE al INE, donde 11 consejeros tienen el poder de elegir a los 240 consejeros electorales de cada unos de los estado y el Distrito Federal.
Ante este panorama, el maestro en derechos humanos y democracia resaltó la importancia de las redes sociales (virtuales o físicas) para generar procesos de empoderamiento en la ciudadanía, lo que tiene que impactar en el seguimiento y control de instituciones públicas, el uso de instituciones autónomas como derechos humanos y acceso a la información.
Es necesario también promover una cultura de la tolerancia, el respeto y la flexibilidad ante acciones de protesta como huelgas, paralización del tráfico o cierre de vías de comunicación: entender la legitimidad y función de la protesta frente las campañas de la cultura del rechazo y la criminalización.
Y es que para Luevano, el poder está muy bien organizado, a pesar de sus divisiones las estructuras partidistas están organizadas, y lo poco que tienen los ciudadanos son las redes, una forma eficaz para ejercer el derecho a la libertad de expresión y de organización, contribuyendo a construir una vida democrática con la legítima herramienta del disenso.
