Concluyó el segundo día de las audiencias legislativas en el marco de la reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Desde el Senado, litigantes y expertos en derechos dieron su punto de vista sobre la modificación a la ley que busca cambiar el paradigma nacional.
Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó en su participación que con la actual ley “ha habido un abuso de los amparos” en deudas fiscales que los contribuyentes, personas físicas o morales, tiene ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Los contribuyentes quieren el pleito con la Hacienda pública y hay que ponerle un límite”, dijo el investigador de la UNAM.
En este sentido, agregó cómo el crimen organización, con la delincuencia de cuello blanco, “ha abusado de la figura de la suspensión provisional para desbloquear cuentas o para proteger empresas fantasma o transacciones donde hay presunción de lavado de dinero”.
Uno de los puntos de la reforma a la Ley de Amparo es que prevé en el Código Fiscal de la Federación (CFF) la improcedencia del recurso de revocación respecto de créditos fiscales firmes.
Dicho de otra manera, una vez que el contribuyente, personas física o moral, pierda el juicio respecto a un adeudo con el SAT tendrá que pagarlo sin acudir al recurso de revocación.
“La iniciativa de la presidenta tiende a evitar abusos en el juicio de amparo, las instituciones torales del juicio de amparo permanecen como el interés legitimo o la suspension provisional o definitiva y lo que se quiere es armonizar los derechos individuales-colectivos con el interés general”, mencionó Cárdenas.
La reforma a la Ley de Amparo prevé modificaciones como la modernización del procedimiento del juicio de amparo, pero también propone plazos de hasta 60 días para dictar sentencia.
También establece que las multas de tengan que pagar los funcionarios ya no saldrán de su bolsillo, sino que saldrán del erario público. De la misma manera, se endurecen los requisitos del interés legítimo. De pasar la reforma se establece que la persona quejosa deberá acreditar una lesión jurídica real, actual y diferenciada.
Positiva la modernización del amparo: Gómez Fierro
El polémico exjuez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, uno de los que metió varios amparos a reformas realizadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó en el Senado que es un acierto la modernización del juicio de amparo en línea con los mecanismos digitales.
Por su parte, Melissa Ayala García, litigante y socia de Ayala Arcipreste y Asociadas, declaró que la reforma a la ley de amparo tiene cosas buenas, malas y cosas preocupantes. Entre las buenas también apuntó la digitalización del amparo digital.
Sin embargo, Juan Pablo Gómez Fierro consideró que hay aspectos relevantes y preocupantes como las modificaciones al interés legítimo, el cual ha sido el principal mecanismo del amparo desde la reforma del 2011 para juicios colectivos. El cual cambió su origen debido a que desde 1841 solo se concentró en derechos individuales.
De acuerdo con Gómez Fierro, el cambio al interés legítimo se “reduce a la legitimación de los particulares y a quien afecta es la gente de menores recursos porque se benefician de los colectivos que defienden este tipo de derechos”.
Mientras que Ayala García consideró que existen dos modificaciones preocupantes: la ampliación de la demanda y los cambios al cumplimiento a la ejecución de sentencia. El primero lo calificó como un mecanismo rígido ante un eventual aprobación.
“El amparo protege los derechos de la ciudadanía y cualquier restricción a su alcance tiene que analizarse con el mayor rigor posible”, declaró.
Centro Pro: reforma a la ley de amparo es regresiva
Ivette García Galván, coordinadora en el área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que la reforma a la ley de amparo es regresiva porque omite una década de avances de causas como matrimonio igualitario, defensa del medio ambiente o derechos reproductivos
También hay una preocupación en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre los cambios al interés legítimo pues se reduce solo al interés jurídico y esto deja fuera a comunidades o colectivos
“La consecuencia es evidente, con una nueva integración del poder judicial muchas personas juzgadoras aplicarán la norma de forma estricta y la reforma puede representar la pérdida de 10 años en derechos humanos”, aseguró García Galván.
