(22 de enero, 2020. Revolución TRESPUNTOCERO).- Cada año en el país se cometen 33 millones de delitos, con base en información pública de la Fiscalía General de la República, tal situación ha llevado a la Federación, al Poder Legislativo, así como también a los órganos de impartición de justicia a buscar cambios profundos con el objetivo de que haya un cambio de paradigma en este tenor.
Por lo que para el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se buscará una reforma de gran calado al Sistema de Justicia que nos rige, es así que a partir del próximo 1 de febrero comenzarán los trabajos legislativos para que la impartición de justicia en el país sea real y no haya impunidad en ningún proceso que se lleve.
La propuesta de Reforma al Sistema de Justicia fue planteada desde el Poder Ejecutivo en donde están involucrados la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, así como también la Presidencia de la República. Esta propuesta se complementará con las opiniones de académicos y expertos en el marco de un parlamento abierto.
Las propuestas de modificación a la Constitución tienen que ver con la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que los temas que se modificarán requerirán de un análisis profundo.
Además en esta reforma se contemplan modificaciones a Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, al Código Penal Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de la Fiscalía General de la República, lo anterior a propuesta del Ejecutivo federal.
Es así que desde las instancias parlamentarias se buscará el fortalecimiento del sistema de justicia en favor de la sociedad en todos sus sectores, con el combate a la inseguridad, la corrupción y la impunidad, así lo dejó ver la presidenta del Senado de la República Mónica Fernández.
El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, presentó ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta el paquete de las nueve iniciativas de reformas constitucionales y leyes de nueva creación, con el objetivo de consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia.
En este sentido, entre las nuevas propuestas por parte de la Federación destaca la Ley de Justicia Cívica, la cual pondera que se deben dar esfuerzos para consolidar la prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales.
La Ley de Justicia Cívica priorizará la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de proporcionarlo en los casos de las personas más vulnerables. Además se promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos, para que el infractor entienda que ofende a la sociedad y así evitar el pago de multas con las que no se comprometen a nada con la falta que cometen.
Otro punto que se destaca de la propuesta del Ejecutivo es el Proyecto de Código Penal Nacional, éste busca homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes, en una sola ley que dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país, y con ello evitar tener 32 códigos, bajo la justificación de que si no hay una homologación de defensa social, no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas.
Permitirá a las entidades federativas establecer delitos específicos, considerando sus raíces culturales y sus características regionales. Se establecerá con toda precisión la competencia local y la federal, en razón de la defensa de los derechos individuales, por un lado, y por el otro los derechos inalienables de la nación.
La propuesta destaca que es necesario “corresponsabilizar a las autoridades federales y estatales de manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada. Además, proteger a las víctimas para que denuncien delitos con toda fortaleza. También, defender a la víctima y no al victimario y que el Ministerio Público sea auxiliar del que lo necesite”.
Otra de las propuestas que buscan que sea una realidad es la referente a la ley Nacional de Ejecución Penal, la cual expone que todos los primodelincuentes deben tener cárceles abiertas, para no convertirlas en alumnos de las escuelas del crimen, cárceles abiertas bajo control, pero cárceles abiertas.
Todos los reincidentes tienen que ir a la cárcel, así como las cárceles tienen que ser centros de productividad, centros de industria, centros de capacitación, centros de autocapacidad, para que realmente ahí se preparen.
Nadie puede obligar a alguien a que trabaje, pero el juez sí puede decir “pena mínima para el que se readapte y pena con agravantes para el que no quiera readaptarse”. La propuesta destaca que los reos peligrosos deberán estar totalmente aislados de los primodelincuentes.
Quizá de la más importante de las propuestas del Ejecutivo, es la referente a la Justicia para Adolescentes, ya que el fin de ésta es detener el creciente número de niños y adolescentes dedicados a actos delincuenciales.
En este sentido se destaca que tiene que haber una visión muy clara para este segmento poblacional, para sus padres y para el Estado, de que aquel que entiende se le sanciona; y aquel que tiene la patria potestad o la guardia y custodia, tiene responsabilidades, además de que el Estado tiene que reparar el daño.
Los criterios de sentencia para los menores tendrán que ver con la cantidad de años consecuentes a la comisión de un delito y de esa forma evitar que al cumplir 17 años de edad se vayan y tengan una responsabilidad frente a su comunidad. Todas estas propuestas serán estudiadas y analizadas por el legislativo en conjunto con expertos y sociedad civil. Se espera que haya consenso entre las fuerzas políticas para su aprobación.
