En los últimos meses de operación del antiguo modelo judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo un esquema que permitió a altos funcionarios ausentarse por meses sin perder un solo peso de su salario. Hoy, con la reforma judicial de 2024 impulsada por la 4T, ese modelo quedó bajo la lupa.
Una investigación de El Universal documentó cómo, bajo el argumento de “asuntos personales graves”, integrantes de la élite administrativa del máximo tribunal accedieron a licencias con goce de sueldo completo, un beneficio completamente fuera del alcance de la mayoría de los trabajadores en México.
Uno de los casos más claros es el de Alejandra Martínez Verástegui, directora del Centro de Estudios Constitucionales, quien recibió más de 740 mil pesos netos sin trabajar durante seis meses.
Licencias pagadas y gasto duplicado
De acuerdo con documentos oficiales, el Comité de Gobierno y Administración de la SCJN —integrado entonces por Norma Piña, Jorge Mario Pardo y Javier Laynez— autorizó permisos de hasta seis meses con salario íntegro.
En el caso de Martínez Verástegui, la licencia corrió del 16 de agosto de 2025 al 15 de febrero de 2026, con un sueldo mensual neto de 123 mil 355 pesos, según la Plataforma Nacional de Transparencia. El resultado: 740 mil 132 pesos cobrados sin ejercer funciones.
Pero hay más. Mientras la funcionaria se encontraba ausente, la Corte permitió la ocupación interina de su plaza, lo que en los hechos significó duplicar el gasto en esa área durante medio año.
La “caja negra” de 49 permisos
El caso no fue aislado. La propia Corte reconoció la existencia de 49 licencias similares entre 2019 y 2025. Sin embargo, cuando se intentó conocer los motivos detrás de estos permisos, apareció el muro.
Mediante el acuerdo CT-CI/A-8-2026, el Comité de Transparencia clasificó la información como “confidencial”, argumentando que revelar las razones podría generar “discriminación o afectaciones sicológicas” a los funcionarios.
En los hechos, esta decisión dejó en la opacidad el uso de recursos públicos, blindando los motivos por los cuales altos mandos dejaron de trabajar mientras seguían cobrando.
Privilegios blindados hasta el final
Llama la atención que algunos de estos beneficios se sostuvieron incluso durante la transición institucional. En el caso de Martínez Verástegui, la licencia se respaldó en el artículo Décimo Transitorio de la reforma judicial, asegurando el pago en pleno cambio de modelo.
Para especialistas, este patrón confirma que, hasta sus últimos días, el antiguo esquema judicial operó con lógica de élite cerrada, donde los beneficios internos superaban por mucho las condiciones del trabajador promedio.
El politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez, lo explica así:
“Son temas que bloquean la transparencia, pues esta clasificación no es un argumento válido ya que en primer lugar el Poder Judicial funciona con recursos públicos, son cargos de la administración pública dentro de la propia estructura judicial y que además reciben el financiamiento de la Federación”.
Y añade:
“Por otro lado, sí refuerza el tema de la élite judicial respecto a los altos salarios. Todos estos permisos y beneficios que otorgan en el Poder Judicial son inalcanzables para la mayoría de la ciudadanía, dan una licencia de seis meses con goce de sueldo y además pagando un monto tan superior cuando en un trabajo normal mucha gente no tiene ese permiso ni siquiera un mes de no ir a trabajar y que le sigan pagando. Habla de esta disparidad en el país y de la realidad mexicana”.
Un modelo que ya cambió
El contexto no es menor. Estos casos se dieron antes de la implementación de la reforma judicial de 2024, que transformó la estructura del Poder Judicial y puso bajo revisión prácticas internas como estas.
La investigación de El Universal no solo exhibe el tamaño de los beneficios, sino también cómo operaban en la opacidad, dejando abierta la pregunta sobre si los llamados “asuntos graves” respondían a verdaderas emergencias o a un mecanismo discrecional de retiro temporal con salario asegurado.
Lo cierto es que el modelo que permitió estas licencias doradas ya forma parte del pasado institucional, mientras el nuevo esquema arranca con el reto de transparentar cada peso del presupuesto público.
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