Por: Zazil Carreras
Twitter: @ZazCarreras3_0
La Reforma Educativa ha sido una de las propuestas más controvertidas dentro del paquete de reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto desde su llegada al ejecutivo federal.
A menos de dos meses, esta reforma ha generado protestas magisteriales en diversas entidades, que han resultado en la toma de carreteras federales, represión policiaca y arrestos. Sin embargo, a pocos días del surgimiento de estos conflictos, está a punto de surgir una nueva modificación propuesta por uno de los gobernadores directamente involucrados en el conflicto magisterial, Gabino Cué, gobernador del estado de Oaxaca.
Estas modificaciones consisten en la creación de diversas leyes secundarias que permitan una “tropicalización” de la Reforma Educativa, lo cual significa adaptar a las diversas regiones del país la reforma ya existente, y adecuarla a las necesidades de cada territorio.
La propuesta ha sido acogida por los presidentes de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo y de la Junta de Coordinación política, Emilio Gamboa Patrón, así como el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Barbosa, quienes se pronunciaron a favor de crear dichos ordenamientos.
Cordero incluso rechazó que la propuesta de Gabino Cué sea una contrarreforma ya que, por el contrario, “va un paso adelante de lo que significa la Reforma Educativa en las adecuaciones a la Ley General de Educación que se tiene que hacer”.
Incluso consideró que la propuesta estatal es altamente positiva, “es una muy buena idea que Oaxaca tome la iniciativa y presente iniciativas que son totalmente consistentes con la Reforma Educativa y empiezan a ver cómo adecuar leyes secundarias en beneficio de su Estado”, subrayó.
Adelantó que se espera la visita -esta misma semana- del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, para abordar lo referente a las inquietudes del magisterio guerrerense y sean consideradas por el Senado.
Por su parte, el gobernador Gabino Cué afirmó que su propuesta “sin duda puede venir a enriquecer el debate que en su momento se tendría que dar, es tan sólo eso y yo espero y apelo a que los maestros y maestras no sólo de Oaxaca sino del país, empecemos a aprovechar las condiciones de apertura que ha mostrado el Congreso”.
Sin embargo, a pesar de los diversos intentos por legitimar la reforma, a pesar de las protestas magisteriales que existen en cada vez más estados, aún hay voces disidentes que afirman que esta reforma, lejos de beneficiar la educación en México, es una reforma eminentemente administrativa e incluso anti laboral.
Una de estas voces es la de Martí Batres, quien en su calidad de presidente de Morena, ha denunciado que la reforma deja de lado temas relevantes como los métodos de enseñanza, infraestructura, formación docente, planes y programas de estudio, vinculación cultural e investigación.
Además, Batres demandó el cese de la represión contra el magisterio, ya que diversos profesores han sido detenidos mientras se manifestaban en contra de la reforma y su imposición en los estados, pues consideran que sus derechos son vulnerados en diversas formas con este nuevo ordenamiento.
Sin embargo, cada día, el diálogo entre el Ejecutivo federal, los gobernadores de las entidades y los maestros es menos probable, ya que la presentación de iniciativas por parte de los estados no hace más que respaldar la decisión del ejecutivo, mientras ignora las peticiones de los maestros.
Incluso la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores trabaja a marchas forzadas para enriquecer el texto de la reforma educativa.
Este martes, el senador Juan Carlos Romero Hicks también presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
A nombre de los integrantes de esa comisión, Romero Hicks estableció que la educación en México no se va a privatizar, pero al mismo tiempo dijo que se requiere una mayor cantidad de recursos fiscales para lograr una verdadera reforma educativa.
Además, como ha sucedido en todas las reformas presentadas por la presidencia y avaladas por la mayoría de los congresistas, esta iniciativa pretende regular una inquietud de la sociedad que es el condicionamiento del servicio educativo al pago de cuotas.
Seguramente, serán presentados más proyectos de reforma en materia educativa, provenientes tanto de las Cámaras como de los gobiernos locales, sin embargo, hasta ahora parece distante la posibilidad de que las peticiones magisteriales sean tomadas en cuenta.
Las exigencias de los docentes incluyen el pago de salarios que, en algunas entidades de la región, se adeuda hasta por cuatro años. Incluyen también la exigencia de que la evaluación docente no sea un pretexto para el despido y sí sea un aliciente a la preparación, además de que ahora exigen no ser el chivo expiatorio por el abandono que se ha dado de manera sistemática a la educación pública en México.
Por ahora, la propuesta es hacer la educación a la medida de cada estado, mientras que a nivel nacional, la medida general es la ausencia de soluciones al magisterio, sector indispensable para el progreso del país.
