(23 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ante el avance de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, la Coordinadora Nacional de Madres, Padres, y Tutores en Defensa de la Nación, se posicionó este viernes en contra de esta medida impuesta desde el gobierno federal, por considerar que atenta contra la calidad y la gratuidad de la educación, cuestión consagrada en la carta magna.
Dicha coordinadora dio a conocer que emprenderá una serie de acciones para frenar la reforma. Detallaron que en primera instancia promoverá amparos en diversas partes de la república en donde la coordinadora tiene presencia. Con estas acciones, explicaron sus integrantes, se solicitará detener la evaluación docente, así como que se elimine la figura de la autogestión de las escuelas.
En conferencia de prensa, los impulsores de estas acciones, explicaron que de manera general se oponen a la reforma energética, sin embargo, detallaron, su preocupación se centra sobre la cuestión de la evaluación y la autogestión, porque, consideran, ambas cuestiones atentan contra los alumnos y los padres de familia.
En tal sentido, Martin Rodríguez, abogado que apoyará con los recursos de amparo, manifestó que luego de analizar la reforma ubicaron estos dos elementos que representan una afectación para las madres y padres de familia, así como los alumnos.
En cuestión a la evaluación docente, el jurista manifestó que esta no sólo representa afectaciones laborales para los profesores-como pérdida de derechos o reducciones de salarios- sino también en el ámbito escolar, pues, dijo, al estar contemplado una posible separación de los profesores por “no ser idóneos” no existe un plan detallado de cómo se reemplazará al docente, además que no hay la cantidad de profesores necesaria para cubrir las posibles salidas.
“El asunto de las afectaciones nos podemos percatar que una parte de las afectaciones también agrede a los niños, niñas y jóvenes en virtud que no existe una planeación concreta para los procesos de readscripción y sustitución de los trabajadores docentes en este proceso de readecuación del conjunto de trabajadores que se encuentran en posibilidades o condiciones de retiro.
“Cuando hablamos que existe una agresión para los menores es en el tenor de que si yo retiro de su fuente de trabajo al docente, esto pude significar que no llegue alguien más a cubrir la plaza que se está quedando vacía. Regularmente lo que se hace es que un trabajador que tiene una carga docente puede ocuparse de dos grupos, esto quiere decir que puede tener entre 35 y 80 estudiantes al mismo tiempo. Obviamente eso genera un impacto brutal en el rendimiento tanto de los niños que se quedaron sin el titular docente que fue retirado, como de aquel que pasa a suplir teniendo 2 grupos al frente”, comentó.
En este sentido reiteró que la cuestión se centra en que además de violentar los derechos laborales de los docentes, se pone en riesgo la calidad de la educación y el proceso de enseñanza.
“¿Cuál es el problema? El rendimiento de la calidad educativa. Se está hablando del impacto que tiene para los menores el que no se pueda cumplir con el objetivo de elevar la calidad”, añadió.
En cuestión a las afectaciones al principio de gratuidad, Víctor Manzanares, integrante de la Coordinadora Nacional de Madres, Padres, y Tutores en Defensa de la Nación, detalló que la preocupación se centra en que en el actual contexto de crisis y recortes al presupuesto, con esta figura enmarcada en la ley reglamentaria de la reforma se deje en manos de las madres y padres de familia el mantenimiento de las escuelas.
“La preocupación de los padres es sobre la reforma educativa en general, pero en particular con la parte que habla de la autogestión y los comités de participación ciudadana. Nos preocupa porque históricamente la falta de recursos públicos para la infraestructura y mantenimiento de las escuelas ya ha sido permanente. Nos preocupa ahora más porque el gobierno federal está hablando del presupuesto base cero y eso implica compactación, eliminación de programas y creemos que la cuestión de la educación y las escuelas no van a estar exenta de esa compactación y seguramente desaparición de programas en materia educativa.
“El otro asunto es lo que ya se ha habido anunciando de recortes presupuestales para el año que entra parte del gobierno federal, y entonces un recorte en materia educativa implicaría no sólo agudizar la situación de infraestructura de las escuelas, sino limitar el acceso a la educación, y ¿por qué nos preocupa esto y la autogestión? Porque lo que estamos previendo es que, la autogestión a la que está refiriéndose, desde nuestro punto de vista, es que como el recurso público se va a disminuir, evidentemente la carga del mantenimiento de las escuelas va recaer en los padres, madres y tutores de los niños, y entonces todo lo que se refiere a agua, predial, van a transformare en recurso que la gente va a tener que aportar”, mencionó.
Reiteró que desde la perspectiva de los padres la reforma en su totalidad preocupa porque, dijo no tiene nada de educativa, pero en especial esta parte de la autogestión que pone en peligro el principio de gratuidad de la escuela en el país.
“Estamos en contra de la reforma educativa en general, y en particular nos preocupa esta idea de la autogestión en un marco de un recorte presupuestal que va a implicar que nosotros nos tengamos que hacer cargo de muchas cosas de las escuelas y entonces se pierde el carácter gratuito de la educación. En este sentido vamos a desarrollar una campaña jurídica para reclamar nuestro derecho a la educación gratuita. La autogestión ya implica que se va a obligar a los padres aportar recursos para mantener las escuelas, esa es la base de la acción jurídica que la coordinadora vamos a llevar a cabo para exigir derecho de educación gratuita porque se está recargando la obligación del estado en los padres. En las semanas siguientes en 12 entidades vamos a desarrollar esta campaña de amparos. Que no se cargue el costo de la educación en la población”, explicó.
Agregó que el reclamó se centra en que el gobierno federal destine los recursos suficientes y necesarios para que las escuelas operen de manera eficaz, así como es su obligación.
“Han querido imponer la reforma con sangre y fuego”
“Desde este momento le hacemos saber al gobierno que nuestra resistencia es para que la educación de nuestros hijos sea gratuita. Por ese motivo, hemos tenido que seguir avanzando en dos rutas: la ruta pedagógica para tener un modelo educativo acorde a nuestros hijos, en donde sean críticos, analíticos, humanísticos y pensantes y no tener un modelo en donde se sienten menos y no tienen derecho a hablar”, así lo expuso Ángel Francisco, integrante de la Coordinadora Nacional de Madres, Padres, y Tutores en Defensa de la Nación.
En este sentido, añadió que desde la perspectiva de madres, padres y tutores, el gobierno federal ha querido imponer la reforma por la fuerza, con la represión como herramienta. Asimismo detalló que la reforma no tiene nada de educativa, y sólo se centra en ser una reforma laboral.
“Los padres de familia nos hemos dado cuenta que el gobierno ha querido imponer a base de represión, de bala, de fuego y sangre, con la desaparición de maestros, de líderes sociales, a la reforma. Vamos a estar en resistencia hacia esa mal llamada reforma educativa porque para nosotros es Ley Muerta.
“Sabemos lo que conlleva las leyes secundarias que nos pretenden imponer, con la autonomía de gestión. Por eso decimos que para nosotros de ningún modo es una reforma educativa, porque para no tiene nada de académico, ni pedagógico, educativo. Para el magisterio es una reforma administrativa y laboral”, apuntó.
Por otro lado, subrayó que este movimiento es independiente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), sin embargo, dijo, “los padres y madres apoyan y respaldan la lucha de la CNTE contra la reforma educativa. Somos un organismo con independencia pero con alianza importante en esta lucha contra la reforma”.
“La reforma nunca fue consultada”
A través de un comunicado la coordinadora manifestó su repudio ante el hecho que para la realización de la reforma no fueron consultados los sectores afectados, no sólo a docentes, sino a las madres y padres de familia, así como a los alumnos.
“Nos manifestamos en rechazo de la convocatoria a las evaluaciones que están implementando, debido a que: nunca se tomaron la molestia de consultar a los padres y alumnos; no aparecemos como sujetos evaluadores; no se han tomado la molestia de detallar cómo sustituirán a los docentes y no sabemos que es para el gobierno los parámetros de ‘idóneo’; según la Dra. Schmelkes no tiene gente suficiente para cubrir las plazas que se queden vacías y según el Lic. Chuayffet, van a separar de la función docente a 60% de los docentes del país; si lo permitimos nuestros hijos tendrán que padecer la desafortunada decisión de aplicar un mecanismo de evaluación nada transparente y no consensuado.
“Para nosotros los docentes actuales son idóneos (…) A ellos les pedimos que no se vayan a evaluar, que busquen un acuerdo que dé solución, pero no subordinados a los grupos económicos de poder que reclaman parte del presupuesto educativo”, se afirma en el texto.
