Las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto fracasaron. Su propósito oficial era permitir a la economía salir del lento crecimiento en que ha estado estancado, y convertir al país en la décima potencia mundial. No lo logró. México no mejora su desempeño económico y su crecimiento es mediocre. En los hechos lo que han alcanzado los cambios constitucionales son transferir riqueza al extranjero, desmantelar la economía nacional, aumentar la pobreza y reducir el empleo en el país.
Una y otra vez, su PIB (Producto Interno Bruto) es revisado a la baja y su moneda sigue devaluándose. La administración federal no sabe cómo detener este proceso. La expectativa de crecimiento para este año fue recortada de 2.95 a 2.88 por ciento, por especialistas consultados por el Banco de México. Para 2016, la expectativa bajo de 3.51 a 3.40 por ciento. Y para acabarla de amolar como dicen en el pueblo, hechos como la violencia desatada por grupos criminales, la semana de terror que pasaron en Jalisco o el asesinato de un candidato a alcalde en Guerrero, “en nada abonan a la confianza, a la seguridad y por supuesto a la atracción de inversiones”, como admite el propio titular de la SHCP, Luis Videgaray, en su actuación ya como aspirante a suceder a EPN.
A su vez, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, reconoce que la economía mexicana crece menos de lo esperado. Dijo que en el plano doméstico, existen condiciones que muestran debilidad, lo que ha llevado a una revisión de las perspectivas de crecimiento para este año. En el plano externo, agregó, la integración con Estados Unidos provoca que la previsible alza en las tasas de interés en aquel país “este metiendo” volatilidad en el tipo de cambio del peso.
Los analistas vaticinan que este año, el valor del dólar terminará en 14.97 contra 14.79 calculado en las encuestas de marzo y para 2016 esperan una paridad de 14.76 frente a 14.69 pronosticado en el sondeo anterior. Estos resultados ilustran el fracaso del proyecto económico del inquilino de Los Pinos. Sus reformas se aprobaron, en materia energética, laboral, hacendaria, financiera, competencia económica, educativa, telecomunicaciones y radiodifusión, penal, político-electoral, y transparencia, pero no funcionaron, al menos para detonar el desarrollo económico del país, que era su propósito fundamental.
Peña Nieto logró la aprobación de las reformas estructurales, con los que, según la propaganda oficial, “se eliminaron barreras, frenos y cuellos de botella” que impedían el crecimiento económico. El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presumió que “se han logrado los cambios que se postergaron muchos años”, pero los resultados esperados no llegan. De hecho, lo alcanzado es mediocre en términos generales y adverso en muchas ocasiones.
Por ejemplo, a un año de la reforma energética, que se impulsó para garantizar el abasto, a precios competitivos, de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural, y modernizar el sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos, es decir, la que mayores expectativas generó para acelerar el desarrollo de México, las dos empresas más productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), triplicaron sus pérdidas durante el primer trimestre de este año. Pemex perdió 100 mil 546 millones de pesos, la mayor en toda la historia de la petrolera en un solo semestre por la caída en las cotizaciones internacionales del crudo y su constante baja en la producción en la plataforma de producción. Sus pérdidas anualizadas aumentaron 179 por ciento comparadas con los 35 mil 953 millones de pesos observadas en el mismo periodo de 2014.
La Comisión Federal de Electricidad registró en el periodo enero-marzo de 2015 pérdidas por 16 mil 305 millones de pesos, que se comparan desfavorablemente con los 5 mil 814 millones que se registraron en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos de la CFE tuvieron una caída de 4 mil 841 millones de pesos al descender de 78 mil 290 millones obtenidos en el primer trimestre de 2014, a 73 mil 449 millones en el primer trimestre de este año. Sus pasivos aumentaron 10.4 por ciento, al ascender a 126 mil 876 millones en el primer trimestre de 2014, a 140 mil 77 millones al primer trimestre de este año.
Sindicalistas disidentes acusan que avanza el “desmantelamiento de Pemex”. La petrolera ha llevado a cabo la cancelación de plazas, la jubilación de trabajadores, cancela las recontrataciones de empleados transitorios, pone freno a la renovación de contratos a personal de confianza y compacta departamentos, entre otros esquemas de reducción de plantilla laboral. La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex acusa que están desmantelando a la empresa y quitando el capital humano calificado. Esa organización señala que a pesar de la baja sensible en los precios de petróleo, “Pemex se mantiene como una de las empresas más rentables del ramo a escala internacional, y se han ocultado las opciones presupuestales y financieras que tiene la empresa, para golpearla y hacerla más propicia para su entrega a las empresas trasnacionales, que ahora tendrán ventajas para su adjudicación”.
Las consecuencias de la reforma energética están a la vista: rápido agotamiento de reservas petroleras, incremento de la carga fiscal a Pemex, no se generan empresas nacionales significativamente, no se eleva el nivel de actividad económica y de generación de empleos, aumenta la concentración del ingreso y facilita la transferencia de riqueza al extranjero, el gasto público continúa destinándose mayoritariamente a gasto corriente, no hay ahorro de largo plazo por los ingresos petroleros y aumenta la deuda pública, no se reduce la pobreza y, una vez agotado el petróleo, los niveles de pobreza pueden dispararse.
NI RASTROS DE PROGRESO
Por lo que toca a la reforma hacendaria, contrario a lo buscado, sólo ha contribuido a la informalidad, pues redujo el flujo de dinero para las empresas. Tuvo un enfoque político, no empresarial. Impulsa a pagar más impuestos y, por ende, las empresas pierde poder adquisitivo. El objetivo de la reforma fue incrementar la base tributaria. “El problema es que esta ley consta de que el pago de los impuestos son más altos que antes, y esto es una forma de obligar a los empresarios a que decidan trabajar en la informalidad” , señal José Luis Vega, presidente de la Canacintra de Culiacán.
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la reforma fiscal elaborada en 2013 está muy lejos de ser la que el país necesita, por lo cual es necesario un nuevo marco hacendario que logre un sistema equitativo, eficiente y con capacidad recaudatoria. Señala que el actual sistema tributario “no avanza en la eliminación de los factores estructurales que explican la baja fiscal y la estable carga fiscal que ha prevalecido a lo largo de los años”. Agrega que tampoco ofrece soluciones coyunturales que aporten recursos significativos en el corto plazo.
El economista Carlos Tello Macías advierte que el problema de la reforma fiscal se torna más agudo por la reducción de lo recursos fiscales derivados del petróleo. “Se requieren con urgencia, mayores recursos fiscales para hacer frente tanto a los enormes rezagos sociales y económicos que prevalecen en el país”, destacó el profesor de la Facultad de Economía.
En cuanto a la reforma laboral, se quedó sólo en una transformación legal que no propicia el incremento del empleo, pero ha generado la flexibilización y precarización del trabajo. El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, destaca que mientras el PIB del país crece a una tasa de 1 por ciento, el empleo lo hace en 0.26%, lo que significa que aunque haya un crecimiento económico la generación de empleos no se va a dar, debido a las deficiencias estructurales que tiene la economía mexicana enfocada en el mercado externo.
La reforma a la Ley del Trabajo hace más precario el ingreso de los trabajadores mediante prácticas como la subcontratación o el outsourcing y las contrataciones flexibles, que buscan abaratar costos de producción para las empresas. El outsourcing pone en riesgo del derecho y la seguridad laborales, la estabilidad en el empleo con contratos de 3 a 6 meses que generan zozobra en el trabajador y podrían generar un estallido social. La adopción de esquemas de contratación flexible en México propicia la pérdida de prestaciones, de la seguridad laboral y de salarios dignos, que constituyen un derecho humano fundamental plasmado en convenios y tratados internacionales, destaca Ángel Ruiz Moreno, presidente de la Academia Mexicana de Derecho al Trabajo.
Ruiz Moreno asegura que la reforma laboral se ha quedado en una mera transformación de la ley federal en la materia, pues se sigue propiciando la informalidad. Según datos del INEGI, por cada 2.5 personas en la informalidad hay un empleo formal, es decir, que por 16 millones de empleados que cotizan en el IMSS hay 40 millones en edad productiva que tienen que auto ocuparse.
Por lo que toca a la reforma educativa, que se impulsó para garantizar el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad que les proporcione herramientas para triunfar en un mundo globalizado, ésta no sólo no avanza, sino que en varias entidades las propias autoridades reconocen que es un fracaso. La propia presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, Sylvia Schmelkes, aceptó que en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, la reforma educativa tiene problemas de velocidad, aceleración y riesgos. La dimensión de la crisis es espeluznante: mientras que un niño mexicano debería acudir a la escuela 200 días en un ciclo escolar, los estudiantes de Oaxaca y Michoacán no acumulan ni 100.
Si los indicadores federales se comparan con las evaluaciones , la asistencia a clases, los concursos de oposición y las reformas a los planes de estudio en estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, será notorio que en estas entidades la reforma no sólo está en riesgo sino que no se ha llevado a cabo. La autoridad federal no sólo ha tenido que enfrentar a la disidencia magisterial, también a los gobiernos de los estados que privilegian su gobernanza frente a la aplicación de la ley. La incapacidad del gobierno se aprecia en la inoperabilidad de la reforma y en la falta de valentía a la hora de hacer cumplir el Estado de derecho.
En cuanto a la reforma en telecomunicaciones – que pretendía fomentar la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e Internet, a fin de generar más y mejores opciones para los consumidores reduciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga y el Internet, para cerrar la brecha digital e integrar al país a la sociedad del conocimiento- “fue un retroceso”, considera el experto Jenaro Villamil, quien critica que no se han abierto las dos prometidas nuevas opciones de televisión, sólo hay una cadena nueva de un modelo informativo muy similar a las ya existentes.
“Hay un retroceso, es decir, si analizamos lo que la reforma prometía y lo que la reforma secundaria concretó, hay una gran distancia”. Señaló que los medios no se democratizaron, y ejemplificó con el caso de Carmen Aristegui, que quedó fuera de la radio. Agregó que tampoco se cumplió con el derecho de las audiencias, pese a que a nivel constitucional se garantizaba, pues en la reforma secundaria no se dieron esas garantías. “La idea que tiene la clase en el poder es que controlando a los medios podrá controlarse a la población”, denunció Villamil.
Para Jesús Robles Maloof, defensor de derechos humanos, la reforma en telecomunicaciones dista de ser una verdadera democratización de los medios y se limita a regular los intereses privados entre los oligarcas del país. Al no incluir un canal ciudadano, que responda a lo intereses de la mayoría, el propósito sólo es expandir las oportunidades de explotación para los empresarios más poderosos del país, así como minimizar el control ciudadano. (…) Busca cancelar el debate público sobre los grandes temas nacionales y desmovilizar a la sociedad. La reforma en telecomunicaciones es un arreglo de la cúpula que conforma el “Pacto por México” que busca excluir a los disidentes y marginar a las voces críticas al tacharlas de “radicales” e “irresponsables”.
