Durante la Conferencia del Pueblo del 24 de septiembre de 2025, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que en los próximos días se enviarán al Poder Legislativo dos iniciativas de reforma: una reglamentaria al artículo 4º constitucional para garantizar el derecho humano al agua y otra a la Ley General de Aguas. Ambas buscan fortalecer las competencias de la autoridad hídrica, terminar con el mercado negro de concesiones y endurecer las sanciones por delitos relacionados con el uso ilegal del recurso.
De acuerdo con Morales López, las modificaciones surgieron de trece foros realizados al inicio de la administración, donde participaron sectores productivos, sociales y gubernamentales. En este ejercicio se detectó que, bajo el marco legal vigente, particulares pueden vender entre sí títulos de concesión de agua con solo notificar a la autoridad, lo que ha derivado en sobreconcesiones y falta de disponibilidad para nuevos proyectos o consumo humano.
“Se pretende normar estas transmisiones para que sea el Estado quien determine la viabilidad y que el agua no utilizada regrese al dominio de la nación”, explicó.
En materia de sanciones, Conagua propone crear un nuevo capítulo de delitos hídricos con penas y multas más severas para inhibir conductas ilícitas como la extracción irregular y la venta clandestina de agua. Actualmente, las multas oscilan entre 260 y 26 mil UMAS; con la reforma, la cifra ascendería a 50 mil UMAS (aproximadamente 5 mil 667 pesos). Incluso, en casos de reincidencia grave podría aplicarse la extinción de dominio.
Como contexto, el funcionario detalló que se han revisado 482 mil 14 títulos de concesión en todo el país, detectando 58 mil 938 irregularidades, entre ellas permisos con coordenadas que ubican aprovechamientos en las costas de Tailandia, títulos agrícolas usados para zonas habitacionales y concesiones duplicadas para un mismo recurso en entidades del norte como Chihuahua.
El objetivo, subrayó Morales López, es que el nuevo marco legal sirva para devolver orden al aprovechamiento del agua, erradicar el acaparamiento y garantizar un acceso justo y sostenible al recurso en México.
