La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Norma Piña en lo que será su última etapa al frente del máximo tribunal, desató polémica al declarar inconstitucional la prisión preventiva automática para delitos fiscales. La decisión, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, coloca bajo la lupa a uno de los empresarios más influyentes y controvertidos del país: Ricardo Salinas Pliego, quien mantiene una deuda multimillonaria con el fisco.
Un fallo que cambia el tablero
Hasta ahora, quienes enfrentaban acusaciones de defraudación fiscal podían ser encarcelados de manera automática, sin que mediara una sentencia firme. La SCJN determinó que esta práctica viola principios fundamentales del debido proceso y la presunción de inocencia.
La resolución fue calificada como un hito jurídico por “especialistas”, al garantizar que nadie podrá ser encarcelado sin pruebas concluyentes. Sin embargo, para otros sectores, la medida genera suspicacias: ¿un avance en derechos o una salida a modo para grandes deudores?
Salinas Pliego, el nombre inevitable
El caso de Grupo Salinas y su dueño, Ricardo Salinas Pliego, aparece de inmediato en el centro del debate. El empresario —acusado de adeudar más de 74 mil millones de pesos en impuestos durante los últimos 16 años— sostiene 32 litigios en diferentes instancias judiciales para frenar el pago de contribuciones.
De acuerdo con la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, solo tres de esos juicios en la SCJN concentran más de 26 mil millones de pesos del adeudo total.
“Grupo Salinas sabe que no tiene la razón y aun así litiga con fervor, haciendo uso de su capacidad corporativa para prolongar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ha habido transa judicial”, sentenció.
Política y poder en juego
El impacto político se encuentra latente. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la mayor injusticia sería que la Corte falle a favor del conglomerado de Salinas Pliego. Señaló que detrás de las críticas contra la reforma judicial están empresarios que “no quieren pagar impuestos” y que contaron con la complicidad de ministras y ministros para frenar resoluciones.
“Hablan de Estado de derecho, pero cuando les toca a ellos, no quieren justicia”, subrayó la mandataria.
¿Casualidad o despedida calculada?
Aunque la SCJN defendió la resolución como un paso hacia un sistema más justo y apegado al derecho, la coincidencia con la situación de Salinas Pliego encendió las dudas. La pregunta flota en el aire: ¿fue un avance necesario para la justicia o un regalo de despedida de Norma Piña a uno de los empresarios más poderosos y endeudados con el SAT?
La respuesta aún se escribirá en tribunales, donde siguen abiertos los juicios que definirán si Grupo Salinas paga o no los miles de millones que debe al erario.
