J. Arturo García / @SoyArturito
(03 de agosto, 2013).- En los centros de reclusión del estado de Guanajuato se cometen abusos e irregularidades que afectan la integridad de los internos, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A través de cuatro informes recientes, presentados por medio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el organismo le hizo llegar los reportes al gobernador Miguel Márquez Márquez.
En los informes se incluyen los resultados de las visitas a diez centros de reinserción social, además de 15 separos de seguridad pública o juzgados, un centro para adolescentes, 19 agencias del Ministerio Público y una institución siquiátrica.
En estos lugares fueron entrevistados 8 mil 738 internos (844 eran mujeres y 7 mil 566 hombres) quienes señalaron 357 irregularidades en los lugares donde purgan su condena; destacaron las malas condiciones de las instalaciones e insalubridad en que subsisten.
También se reportó la precaria alimentación, la falta de lugares de detención, la no existencia de defensores públicos, la intervención de autoridades no especializadas en asuntos relacionados con adolescentes en conflicto con las leyes penales y omisiones en los registros de personas privadas de la libertad.
“La omisión de supervisión de autoridades superiores a los lugares de detención, las instalaciones no cuentan con modificaciones y adaptaciones para facilitar el acceso de personas con discapacidad física, discriminación a personas que viven con VIH/SIDA”, explicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En la larga lista, la dependencia nacional documentó la inadecuada separación y clasificación de reos; irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos; inadecuada difusión de reglamentos a la población interna; inexistencia de la ley estatal para prevenir y sancionar la tortura, e irregularidades en la prestación del servicio médico.
Debido a esto, la CNDH reiteró la importancia de prevenir cualquier acto de autoridad que vulnere la integridad de las personas privadas de la libertad, “para dignificar el trato y las condiciones en los lugares de detención e internamiento y evitar la presencia de factores de riesgo que puedan dar lugar a actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Los informes entregados al titular del Ejecutivo podrán ser rechazados o valorados para mejorar el servicio de los centro de reclusión revisados.
