Natalia Tėllez Torres Orozco
La confianza es la moneda más valiosa en la política, y exige transparencia y rendición de cuentas.
Angela Merkel
Todos los servidores públicos, sin importar su nivel o función, trabajan para la comunidad. Su salario, sus recursos y su legitimidad provienen de un solo lugar: la ciudadanía. No representan solo a una institución, representan a las personas que les dieron ese encargo. Y en un país con tantas carencias, donde cada esfuerzo y cada peso tiene un impacto real, rendir cuentas no es un gesto voluntario: es la base ética y legal del servicio público.
Sin embargo, hay quienes han convertido el silencio en una costumbre cómoda. Funcionarios que creen que su puesto los separa de la gente. Que la autonomía o la independencia implican aislamiento y opacidad. Instituciones que piensan que no deben explicar lo que hacen porque su trabajo “habla por ellos”, porque la ley no lo exige, o porque nadie les preguntó. Pero en el servicio público no hay justificación válida para no rendir cuentas a la ciudadanía. Una función pública que se ejerce con recursos públicos y en beneficio del público, debe explicar y justificar su actuación ante ese mismo público, siempre. La autoridad que no rinde cuentas pierde el derecho moral a exigir respeto y su legitimidad institucional.
La rendición de cuentas no es solo una obligación técnica. Es un acto de reconocimiento del otro. Significa aceptar que el poder no es propio, sino prestado. Que cada decisión pública tiene como destinatario a un mexicano, o mejor dicho, a todos los mexicanos. Y que ese destinatario tiene derecho a saber, a preguntar y a opinar. El servidor público que no escucha, que no informa, que no se deja ver, debilita la función que dice cumplir. Eso es especialmente grave en instituciones que por su estructura, tienden a cerrarse y a hablar solo hacia adentro, perdiendo cualquier contacto con la ciudadanía.
Rendir cuentas no solo es una herramienta de transparencia, sino un instrumento necesario para la mejora institucional. Empodera a la ciudadanía, permite corregir errores, prevenir abusos y exigir resultados. Y en un país donde la desconfianza es alta, abrir el gobierno, los juzgados y las oficinas públicas no puede reducirse a un documento ni a un acto protocolario. Es una condición para recomponer el vínculo roto entre instituciones y personas. El mejor servicio público solo es posible con cercanía y diálogo permanente.
El servicio público es el encargo más alto y más delicado que puede asumir alguien en una comunidad. No hay empresa ni función privada que tenga esa responsabilidad ni esa trascendencia. Quien lo ejerce debe honrarlo constantemente. Y honrar el servicio público empieza por rendir cuentas. No cuando se lo piden o lo obligan. Siempre. La confianza ciudadana no es un mero respaldo: es un compromiso profundo que los funcionarios están obligados a honrar cada día, con responsabilidad, transparencia y la convicción de que informar de manera proactiva sobre el ejercicio del poder y el uso de los recursos públicos no es opcional, sino el primer deber de quien representa al pueblo.
