La Cámara de Diputados podría definir la próxima semana la reforma a la Ley General de Salud que busca prohibir vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, adelantó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. El legislador precisó que, de ser necesario, habrá sesiones entre martes y viernes para votar el dictamen ya aprobado en comisiones.
En conferencia desde San Lázaro, el coordinador de Morena explicó que la iniciativa discutida con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea incorporar un capítulo específico que clasifique todo dispositivo mecánico, electrónico o de cualquier tecnología destinado a vaporizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina. El proyecto fue avalado previamente en la Comisión de Salud con 27 votos a favor, ocho en contra y una abstención.
El documento incluye el artículo 282 Quater, que prohíbe en todo el país la venta, distribución, transporte, almacenamiento, importación, exportación, fabricación, publicidad y suministro de estos productos. También establece sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de 100 a 2,000 UMA, además de facultar a autoridades sanitarias y de seguridad para verificar su cumplimiento.
En su parte estructural, la reforma plantea el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información en Salud y la integración de una base nacional para evaluación y planeación de servicios. Incluye criterios para coordinar la creación de unidades médicas de alta tecnología y actualizar los mecanismos de control de medicamentos e insumos —excepto los de uso veterinario—. Asimismo, incorpora oficialmente la Salud Digital como componente de salubridad general y dota a la Secretaría de Salud de atribuciones en planeación y equipamiento. La CONAMED quedaría formalmente integrada como instancia de resolución de controversias médicas.
De manera paralela, organizaciones civiles dedicadas al control del tabaco solicitaron que la iniciativa también considere la prohibición de productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina, argumentando riesgos para la salud y posibles impactos en jóvenes. En sus pronunciamientos destacaron el conflicto de interés con la industria tabacalera y la necesidad de mantenerla al margen del proceso legislativo.
Las agrupaciones recordaron su participación en la COP11 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, realizada este mes en Ginebra, donde reiteraron su llamado a reforzar los mecanismos que responsabilicen a la industria por los daños asociados al consumo de nicotina.
Con el dictamen listo para discutirse en el pleno, la Cámara de Diputados se prepara para resolver en los próximos días un proyecto que podría establecer un nuevo marco legal frente a los productos emergentes de tabaco y nicotina.
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