(12 de abril, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, advirtió que si el Instituto Nacional Electoral (INE), no devuelve los registros como candidatos a la gubernatura de Durango y Zacatecas a Guillermo Fabela y David Monreal, respectivamente, ningún candidato de su partido contendrá en las elecciones del próximo junio, pues retirarán a todos y cada uno de ellos.
“El INE está actuando de forma antidemocrática, no ha sido cuidadoso en dar atención y respaldar los derechos de un candidato a votar y ser votado. Estamos, obviamente, en respaldo de nuestros dos candidatos: Guillermo Fabela, en Durango y David Monreal, en Zacatecas… No vamos a caer en el juego legaloide que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral, que ya de verdad raya en el ridículo y en el absurdo”, argumentó Polvevnsky.
La exsenadora de la República advirtió que no permitirán que 11 años después, se reedite un episodio similar al registrado en contra de Andrés Manuel López Obrador –en abril de 2005- pues sostuvo que lo que se intenta hacer a Monreal y Fabela es un nuevo desafuero, con un objetivo claro: “taparle el paso” a López Obrador, de cara a las elecciones presidenciales de 2018, bajo el argumento de que los candidatos no cumplieron con requisitos administrativos.
Agregó que el trato que el INE da a Morena es completamente inequitativo, pues mientras a otros candidatos y partidos les otorga prórroga y “les permiten todo”, con los de su partido son muy estrictos.
“Nunca fui precandidato”
El senador con licencia del Partido del Trabajo (PT), David Monreal -y hermano del actual jefe delegacional en Cuauhtémoc y exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal- afirmó que defenderá su derecho a votar y ser votado, pues “no podemos permitir que quien debiera ser rector de la voluntad popular, de este proceso democrático, hoy sea un jugador más en el sistema político mexicano y esté cargando los dados y fraguando un fraude, ya no en las urnas, sino en las propias estructuras de los órganos electorales”.
El político argumentó que nunca tuvo como obligación presentar un informe de gastos de precampaña, porque en ningún momento fue precandidato de Morena “por razones de conveniencia política y económicas”.
Según Monreal, la convocatoria del órgano electoral determinó que las precampañas comenzarían en enero y terminarían el 10 de febrero; sin embargo, la asamblea electiva de su partido se realizó el siete de febrero. Después de ese día, fue declarado candidato único. El tiempo para registrar precandidaturas había concluido, al igual que los tiempos para solicitarlas al interior de su partido; además, faltaban tres días para que concluyera el periodo de precampañas.
En marzo, el INE solicitó a David Monreal presentar un informe y así lo hizo, pero aclaró que lo entregó como “obligado solidario de Morena” y en ceros.
El zacatecano agregó que seguirá la ruta jurídica con respeto absoluto a las instituciones y para someterse “al imperio de la ley, que no a la ley del imperio”; por lo que la siguiente instancia a la que acudirá para defender su registro, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); además anunció la presentación de un recurso de impugnación por la resolución del Consejo General del INE de retirarle la candidatura.
El aspirante a gobernador afirmó que la actual administración de la entidad, encabezada por el priista Miguel Alonso Reyes, ya había intentado impedir su participación en el proceso electoral, tras solicitar al Tribunal local impedir su registro como candidato; sin embargo, los magistrados del estado “no quisieron echarse la bronca”, pero sí sancionaron económicamente a su partido. Después de que Morena se inconformó y apeló la decisión, el TEPJF revirtió el fallo a su favor.
“Los argumentos con los que pretenden quitarnos la candidatura son bofos, no tiene nada y se ve más la intencionalidad política del órgano electoral…Se trata de un golpe artero a la democracia de este país, de la violación de derechos políticos que creíamos ya superado. Hoy estamos en un retroceso histórico”, sentenció Monreal.
Otro juicio político…
Rocío Nahle, coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, informó que esta misma semana, su bancada presentará una solicitud de juicio político en contra de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, y del resto de los integrantes del Consejo General del órgano electoral, por “violentar la garantía que todo ciudadano mexicano tiene de votar y ser votado”.
Nahle argumentó que los funcionarios del INE violaron la Constitución al no promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, entre otras garantías consagradas en los artículos 14, 16, 17 y 35.
La legisladora acusó al PRI, PAN, PRD y PVEM de tener una alianza de facto en Zacatecas para impedir que la entidad sea gobernada por Morena.
“Somos un partido serio que estamos, todavía por la vía institucional, tratando de construir una democracia con votos, no con vetos; es por ello que no vamos a registrar candidato alguno hasta que se restituyan las candidaturas y los derechos de nuestros candidatos en Zacatecas y en Durango”, dijo Nahle.
Hace algunos meses, diputados de Morena presentaron una solicitud de juicio político en contra de consejeros y magistrados de Chiapas, tras acusarlos de ser cómplices de los excesos que hubo en la pasada elección en la entidad.
Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, explicó que el Consejo General del instituto, actuó de manera ilegal al retirar el registro de sus dos candidatos.
“En el caso de David Monreal, la imposición de una sanción como quitarle la candidatura no sólo es ilegal, es inconstitucional y viola todos los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. El tratado del Pacto de San José -que es el que protege el Sistema Interamericano de Derechos Humanos- señala que los derechos políticos sólo pueden ser suspendidos por sentencia judicial de juez competente. Aquí no hay ninguna sentencia, ni un juez; es una autoridad administrativa. Incluso, el Pacto de San José señala que en caso de emergencia, de suspensión de garantías de un Estado, los derechos políticos no se pueden suspender”, explicó.
