Grupo Salinas ha solicitado públicamente a un grupo de acreedores estadounidenses que retomen el diálogo y busquen un acuerdo justo, luego de que un tribunal en México revocara una medida legal que protegía a TV Azteca del reclamo de una deuda millonaria.
Síntesis del conflicto financiero
La disputa se centra en bonos emitidos por TV Azteca en 2017 por 400 millones de dólares. El problema se agravó cuando la televisora dejó de pagar intereses en 2021, argumentando afectaciones financieras derivadas de la pandemia de covid-19.
La deuda acumulada, incluyendo intereses, supera actualmente los 580 millones de dólares. Para evitar el reclamo legal de los acreedores, la empresa había obtenido una medida cautelar en un tribunal civil mexicano que le permitía aplazar sus obligaciones.
Sin embargo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil revocó esta protección judicial. Los magistrados consideraron que la medida era contraria a la ley y no aplicaba para un litigio de índole mercantil como este. Esta decisión elimina la protección legal que el grupo empresarial tenía en México.
Comentarios relevantes
Tras el revés, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que reitera su disposición al diálogo y la transparencia para alcanzar un acuerdo con los tenedores de bonos. El consorcio exhortó a los acreedores a “evitar prolongar innecesariamente este proceso”.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la resolución del tribunal, señalando que la protección que el empresario había invocado, basándose en la crisis sanitaria, “ya no tiene fundamento”. La mandataria también ha mencionado que el empresario Ricardo Salinas Pliego enfrenta otros procedimientos judiciales en curso, incluyendo un litigio con el fisco mexicano por una deuda fiscal de más de 74 mil millones de pesos.
Mientras que Grupo Salinas asegura que la revocación del amparo es un “cuestionamiento accesorio” que no afecta el fondo del caso, los acreedores han intensificado sus acciones en Nueva York, donde buscan que el juez declare a TV Azteca en desacato por no acatar las órdenes judiciales en su contra, lo que podría derivar en multas o acciones legales contra sus directivos.
