El pasado jueves 20 de octubre, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, expuso el informe mensual de seguridad durante la conferencia matutina del presidente.
Los datos presentados muestran una tendencia a la baja en delitos del fuero federal y del fuero común, incluyendo el homicidio doloso cuya proclividad al alza, aunque frenada, estaba resultando muy difícil de revertir.
Los delitos federales, en general, disminuyeron 27.2 por ciento respecto a los registrados al inicio de la actual administración.
De manera específica, de enero a septiembre de 2022 en comparación con el mismo lapso de 2021:
– Los delitos fiscales disminuyeron 22.2%
– Los delitos financieros bajaron 13.7%
– Los delitos contra la salud descendieron 15.9%
– El robo de hidrocarburos decreció 92%, lo cual permitió un ahorro estimado de más de 231 mil 027 millones de pesos.
En cuanto a los delitos del fuero común en ese mismo período:
– El secuestro disminuyó 72.4%, 2 mil 90 víctimas fueron liberadas, se detuvo a 4 mil 630 secuestradores y se desarticularon 524 bandas.
– El homicidio doloso decreció 13.9%
– El feminicidio descendió 22.8%
– El robo total se redujo 20.8%
– El robo de vehículo bajó 43.3%
– El robo en transporte público individual 5.3%
– El robo en transporte individual 3.8%
Así mismo, se ofrecieron dos informaciones muy importantes.
Por un lado, el ahorro de 5 mil millones de pesos obtenido para el erario gracias a la renegociación de los contratos transexenales que el gobierno mexicano firmó con empresas privadas para la construcción y administración de cárceles. Se trata de contratos por un monto de más de 266 mil millones de pesos para construir y administrar nueve reclusorios privados que fueron adjudicados directamente por el gobierno de Felipe Calderón, por un periodo de 20 años, al término de los cuales las empresas mantendrían el control de los centros penitenciarios, con o sin personas privadas de su libertad. Las empresas beneficiadas y “sus” penales que se pagan con el erario son Exi Quiantium, S.A. de C.V. (Sonora y Guanajuato); Gia, S.A. de C.V. (Oaxaca); DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria S.A. de C.V. (Durango); Capital Inbursa, S.A. de C.V. (Chiapas y Femenil Morelos); Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán S.A. de C.V. (Michoacán), y Black Rock, S.A. de C.V.
El otro dato que brindó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana fue la más reciente encuesta del INEGI sobre la percepción de seguridad por parte de la gente (en el primer trimestre de 2018, el 76.8% de la población se sentía insegura; durante esta administración esa percepción se redujo a 64.4%, es decir, 12.4 puntos porcentuales menos), así como sobre su aprobación de los cuerpos federales de protección ciudadana (el 84.9% de los ciudadanos confía en la Secretaría de Marina (SEMAR); el 82.3% en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 71.9% en la Guardia Nacional (GN), que apenas tiene poco más de tres años de creada).
A lo largo de este sexenio, los medios de comunicación dominantes nacionales e internacionales han usado y abusado de las estadísticas para descalificar la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO: ya sea por su negativa a emplear la mano dura, por no dedicarse exclusivamente a perseguir capos, por su insistencia en atacar las causas de la violencia, por la creación de la Guardia Nacional y la asistencia del Ejército y la Marina a falta de policías dedicadas a proteger a los ciudadanos y no a las élites como sucedía en los regímenes pripanistas.
Periodistas como Jorge Ramos, enviados por estos medios a las conferencias matutinas, increparon varias veces al mandatario con estadísticas y cifras interpretadas para sus fines, a las que López Obrador respondió con puntualidad.
En todas las épocas y las geografías, el problema de la seguridad y la violencia, por su especial sensibilidad, ha sido blanco fácil para utilizarse a conveniencia a fin de generar percepciones en la población y proteger o golpear gobiernos, según la mayor comodidad o perturbación que provoquen a los poderes económicos.
Esto ha sido evidente en nuestro país. Con Calderón, a pesar de que los medios privados celebraron un acuerdo para callar la violencia exacerbada, fue imposible maquillar las cifras o generar una percepción distinta en las personas, causada, como dice Fernando Escalante Gonzalbo, por la “guerra contra las drogas, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado o como se le quiera llamar” que fue “el rasgo definitorio” de su sexenio. En enero de 2011, Nexos publicó un análisis de este autor donde demuestra que en 2008-2009 el homicidio en México se disparó por encima de toda lógica social y toda tendencia estadística previa. Comprobó con rigor que las muertes crecieron especialmente en los lugares en donde hubo grandes operativos militares y policiacos y señaló: “el movimiento de los últimos dos años, 2008 y 2009, es absolutamente improbable: rompe con una tendencia sostenida de 20 años, pero rompe con ella además de un modo violentísimo. En dos años la tasa nacional vuelve a los niveles de 1991. Sube un 50% en 2008, y de nuevo 50% en 2009”.
En ese tiempo no se disparó ninguna alarma ni en los periodistas célebres ni en los grandes medios con una difusión y preocupación directamente proporcional a la crudísima realidad que padecía México y que ahora pretenden fascistamente que ya no recordemos.
En contraste, hoy los medios dominantes se han enzarzado en un combate contra el gobierno de la 4T intentando generar en la población la percepción de una violencia inédita, creciente, e incontrolable. Sin embargo, la terca realidad no lo permite y la percepción de la gente así lo demuestra. Es cierto que apenas están empezando a revertirse las terribles consecuencias de los sexenios pripanistas en muchos rubros y, principalmente, en materia de seguridad y bienestar económico. Falta mucho. Los daños fueron enormes. Los causantes de los mismos, como Zedillo o Calderón, pretenden que nos olvidemos de ese pasado tan gravoso para nuestro país, pero eso no es posible so pena de regresar a lo mismo. López Obrador no se ha dedicado sólo a recordar, sobre todo a los más jóvenes, ese pasado, sino que ha emprendido medidas dirigidas a solucionar tanto desastre, medidas que está aplicando a pesar de los intentos reiterados de sabotaje por parte de la oposición.
Los resultados están comenzando a apreciarse. Ya cada vez resulta más difícil manipular las cifras. Pero siempre es posible encontrar modos de seguir tratando de generar una percepción distinta en este asunto de la inseguridad. Dado que nunca podrá eliminarse por completo la violencia, es muy frecuente su uso para fines propios en contra del interés colectivo o debido a la miopía intelectual y a la fragmentación de la conciencia muy común en especialistas aferrados a sus hallazgos útiles en un momento dado o en un contexto específico, de tal suerte que los vuelven inflexibles e incapaces de considerar otras variables y otras circunstancias si la realidad no se adapta más a sus conclusiones.
Es el caso, por ejemplo, de Ricardo Ravelo, periodista y escritor sobre delincuencia organizada (como se describe en su biografía de Twitter), quien el mismo 20 de octubre, día del informe de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, tuitea lo siguiente:
“Pueden disminuir los homicidios dolosos, pero la violencia sigue disparada. Cárteles no combatidos son cárteles impunes: matan, desaparecen, causan caos y desplazamiento humano. Las estadísticas no sirven. Hay mentiritas, mentirotas y estadísticas”.
Aferrado a la narrativa estadounidense oficial de la guerra contra las drogas a la que se sometieron los regímenes pripanistas, sigue hablando de “los cárteles todopoderosos” y de su combate, el cual sólo ha ocasionado mayores problemas de drogas y creciente violencia. Descalifica las estadísticas, aunque reconoce que los homicidios dolosos han disminuido, pretendiendo que la realidad actual se ajuste a lo que él investigó en sus libros.
La tuitera Karla Farrait (@kfarrait) respetuosa y atinadamente le responde:
“Sr. Ravelo usted y todos los que critican el actuar en seguridad del gobierno actual, los invito a que nos compartan la receta mágica para acabar con la violencia en un abrir y cerrar de ojos y de paso nos den un ejemplo de un país donde se haya terminado con la violencia rápidamente”.
A una reflexión tan sensata, el periodista y escritor sobre delincuencia organizada, contesta esta “joya”:
“Señora: esto pasa x la educación y está quebrada; requiere una estrategia antimafia, inexistente; trabajo social -no electoral –para frenar crimen y no la vemos. Podría decir más pero no soy policía: soy reportero”.
No sé exactamente a qué se refiera cuando alude a la “educación”, a la estrategia “antimafia”, y al “trabajo social -no electoral”.
Hay muchos tipos de educación. Si se trata de civismo y filosofía que pueden ayudar a una mejor formación del ser humano y que fueron eliminadas por los pripanistas, ya se están incorporando de nuevo a los planes de estudio.
La persecución de delitos financieros y el combate al huachicol son estrategias que han atacado directamente al crimen organizado y que muchos expertos han considerado esenciales. Guadalupe Correa Cabrera, en su libro Zetas, Inc., muestra cómo el robo de combustible se había convertido en una de las actividades más lucrativas de varias organizaciones delictivas, incluso superior al trasiego de drogas.
La política social del gobierno plasmada en la ley, en la misma Constitución, no pueden equipararse de manera alguna con el “trabajo electoral” o clientelar como parece sugerir en su tuit el periodista y escritor sobre delincuencia organizada.
En un artículo anterior “Bienestar; la palabra maldita del dogma neoliberal“ https://revoluciontrespuntocero.mx/bienestar-la-palabra-maldita-del-dogma-neoliberal/, escribí:
“Investigadores independientes han sometido a prueba las políticas de “sólo dar dinero” en varias partes del mundo y han concluido que se trata de una medida eficaz para ayudar a la gente que vive en pobreza (GiveDirectly, Research on cash transfers, 22 de diciembre de 2020).
La evidencia que se extrajo a partir de los estudios que comprenden 56 programas de transferencias de efectivo en países de medio y bajo ingreso muestra que dichas transferencias están asociadas con la reducción de la pobreza (Francesca Bastagli, Jessica Hagen-Zanker, Georgina Sturge, 2026), han arrojado el resultado más exitoso que han atestiguado diversos investigadores y constituyen programas prioritarios en varios lugares. (GiveWell, 2017). Así mismo, son más económicas que la asistencia alimentaria en especie o que la entrega de vales (Shanoon Doocy, 2017).
A pesar de los prejuicios clasistas prevalecientes, quienes reciben las transferencias de efectivo no lo desperdician ni hacen mal uso de él. Los beneficiarios de las mismas reducen su pobreza y mejoran distintos aspectos de su vida. Estas transferencias de efectivo generan cambios positivos importantes en las vidas de las personas”.
Como tantos otros problemas nacionales tan serios, la seguridad y la violencia ameritan un trato más responsable, profesional y respetuoso de investigadores y periodistas que se consideran críticos, objetivos, imparciales y preocupados por el bienestar del país y sus pobladores pero que últimamente -por los motivos más variados- los están abordando de una manera ramplona, superficial, frívola que poco se distingue de los esbirros mediáticos de la oposición.
