Por: Gibrán Ramírez Reyes
Twitter: @GibranRR
I
La reforma
La reforma al artículo tercero constitucional ha desatado las inercias conservadoras de sectores de la derecha, la izquierda y la ultraizquierda. Desde luego, esas inercias no han sido gratuitas, pues la reforma entraña varios riesgos. La primera gran opositora fue Elba Esther Gordillo. En su opinión no debía aprobarse el siguiente fragmento:
“La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.
En su labor de dirigente sindical era previsible que Gordillo defendiera la inamovilidad de los docentes en sus plazas, pues en ello radica una parte principal del poderío de la burocracia tradicional del SNTE. Los rumores indican que el SNTE preparaba un paro nacional y que esa fue una de las razones del seco golpe al liderazgo de Gordillo. Juan Díaz, su sucesor, amenazó con oponerse también pero después reculó, supuestamente porque el secretario de Gobernación le mostró el camino ya trazado para proceder legalmente contra él y contra los secretarios generales seccionales afines al grupo hegemónico del Sindicato si se oponían a la reforma (ver periódico Reforma 28/02). No era difícil leer la cartilla a los dirigentes corruptos y cómplices de la estructura gordillista.
Después de Elba Esther Gordillo, fue la izquierda representada por el Movimiento Regeneración Nacional la que presentó las principales objeciones al texto. Entre otros, Luisa Alcalde, diputada perteneciente al Morena, puso el dedo sobre el quinto transitorio que establece que se deberá:
“a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”.
Este fragmento, ciertamente, es problemático y de alguna forma recuerda que “autonomía de gestión” fue uno de los eufemismos utilizados en el sexenio pasado para proponer la privatización de la renta petrolera en Pemex. Se ha visto en él la legalización de las cuotas escolares.
Otro fragmento nebuloso podría ser el siguiente:
“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”
Algunos creen que puede esconder la tentativa de abrir el sistema educativo a la subcontratación temporal de docentes con base en un criterio arbitrario de idoneidad.
II
Riesgos y posibilidades
Los más fuertes opositores al cambio constitucional han sido los profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, principalmente en Guerrero y Oaxaca. El argumento principal para protestar —destacadamente cerrando la autopista Del Sol— ha sido que la reforma castiga al profesorado en su conjunto y que es injusta por promover la evaluación “estandarizada y externa” que pretende que se despida de sus empleos a miles de profesores sin considerar la desigualdad de circunstancias entre, por ejemplo, un profesor de la colonia Del Valle en el D.F y uno de un municipio pobre en Guerrero. Es un riesgo real (que claramente ha expuesto Rodríguez Araujo en La Jornada 11/04), pero la reforma por sí misma no lo establece sino que tendrá que hacerse así —o no— en la Ley General de Educación. Sin embargo, la nueva redacción también genera la oportunidad de terminar con la inamovilidad en el puesto laboral que impide que profesores que no dan clase o que no cumplen con los requisitos y responsabilidad mínimas para desempeñar la función docente sean despedidos. Para esto se requeriría una evaluación compleja que considere las circunstancias de cada región y subsistema.
Si la autonomía de gestión se entiende como “independencia” se corren dos riesgos: que se legalicen las cuotas escolares y que se ahonde la desigualdad entre escuelas de zonas pobres y ricas. Este me parece el apuro mayor de la reforma. Sin embargo, existe también la posibilidad de reglamentar las ministraciones pecuniarias periódicas a las escuelas y los criterios que las orientarán, permitiéndole así a las comunidades utilizar los recursos en las necesidades más apremiantes y no en las que se decidan en la estructura burocrática, como sucede. (Actualmente los recursos se asignan primordialmente en especie con base en criterios generales).
III
Política inercial y sin propuesta
El riesgo hipotético de la evaluación estandarizada no es suficiente para defender la inamovilidad de los profesores en sus plazas, pues de ese modo se anula también la probabilidad de generar incentivos para tener a los mejores dando clase. Por otra parte, la inercia conservadora que promueve que el contenido de la reforma sea derogado, responde también a la defensa de derechos adquiridos tan impresentables como el de heredar las plazas (lo que en ciertos lugares puede hacerse incluso si los hijos no estudiaron para ser profesores) y que son explícitamente defendidos por sectores importantes de la CNTE.
Destaca la responsabilidad con que ha actuado Andrés Manuel López Obrador (aunque no toda la dirigencia del Morena) que no ha llamado a movilizarse contra el contenido de la reforma de manera preventiva pero que ha advertido que existe una amenaza de la que, en su caso, se defenderá a los docentes, a diferencia de la ultraizquierda que actúa como si hubiera un agravio consumado. La espiral de violencia que puede generarse por un riesgo hipotético puede devenir en tragedia.
Existen condiciones de posibilidad para que se genere una mejora del sistema educativo, aunque también existen los riesgos de privatizar parcialmente la escuela pública y de generar un sistema punitivo de evaluación que degrade al magisterio. El papel de una oposición decidida e inteligente debería consistir en señalar los riesgos, organizar a los opositores y difundir la información del contenido de la reforma para generar una alerta que haga posible que una gran movilización se detone si, eventualmente, las iniciativas para reformar la Ley General de Educación y promulgar la Ley del Servicio Profesional Docente convierten en posibilidades latentes lo que hoy son sólo riesgos hipotéticos. Así lo hizo el Morena ante la iniciativa de reforma energética de Felipe Calderón en 2008, mucho más importante para poderes fácticos nacionales y trasnacionales. ¿Por qué esta ocasión la oposición debería caminar con base sólo en presunciones? Además de que se pierde eficacia por un mal cálculo de los tiempos políticos, su credibilidad está en juego.
