(17 de diciembre, 2014).- Luego de que 200 diputados pidieran crear una Comisión Investigadora de los contratos de la empresa Grupo Higa con el gobierno federal, empresas paraestatales y algunas dependencias gubernamentales, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ha decidido turnar dicha solicitud a su dirección jurídica.
De esta manera sólo falta la valoración jurídica reglamentaria para que se pueda crear la comisión, según indicó José Isabel Trejo, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), quien manifestó que su partido apoya la moción.
El objetivo de la petición consiste también en exigir la comparecencia de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, y del empresario Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa.
Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC), y Manuel Huerta, diputado del Partido del Trabajo (PT), enfatizaron que el hecho de promover la apertura de comisiones de investigación es un derecho constitucional que no puede ser negado por la Junta de Coordinación, ni obstaculizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A decir de Mejía Berdeja, existen claros indicios de “conflictos de interés, favoritismo y corrupción desbordada” en los diversos contratos que han sido entregados a la empresa de Hinojosa por parte de la administración federal.
Para prevenir posibles retrasos o bloqueos de la petición, los diputados anunciaron la conformación de un grupo plural, el cual presentará una propuesta de programa de trabajo en donde se incluirá el llamado a una reunión con Rivera, Hinojosa y el encargado del despacho en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Esto, luego de que la esposa de Peña Nieto negara ser funcionaria pública, cuando si bien no tiene un cargo formal en la administración federal, es presidenta honoraria del DIF Nacional, una instancia que maneja recursos públicos.
Además, según el artículo 108 de la Constitución Federal y el Convenio de la ONU contra la Corrupción, un funcionario público es “toda persona que ocupe un cargo, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo”.
En consecuencia, Rivera “se beneficia con el uso del erario público”, además de estar vinculada con el Ejecutivo federal, por lo que debe rendir cuentas, sentenció Mejía Berdeja, resaltando que impedirán que el PRI “eche tierra” al asunto.
