Se celebró el Día de la Hispanidad, el que conocíamos como el Día de la Raza y, cayó como balde de agua fría el conocer hasta que punto y con cuanta frivolidad se maneja el renglón básico, el que mantiene, quiérase o no, la estabilidad social: el alimento. Atrás quedó la mesa pobre, la que contaba solamente con tortillas, chile, tomates y frijoles para alimentarse. En el presente todos esos productos son de lujo, ya no se generan para el autoabastecimiento porque las tierras no producen, no hay semillas ni apoyos y muchas de ellas han sido utilizadas abiertamente para la siembra de estupefacientes. En esta fecha también se dieron los maestros a la tarea de manifestarse en varios puntos de la República y, no parecen tomar en consideración que detrás de las demandas está el encarecimiento no sólo de los alimentos sino de la mayoría de los productos de primera necesidad en ese sector. El panorama es el siguiente:
México resiente una gran vulnerabilidad alimentaria pues importa alrededor de 60 por ciento de los alimentos que consume. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) considera que hay vulnerabilidad cuando se importa más del 25 por ciento de los alimentos. El país no garantiza su autosuficiencia alimentaria por lo que depende de un sistema mundial dominado por unas cuantas empresas multinacionales, que distribuyen los alimentos en un marco de mercados globales, desestructuran el mercado interno y fracturan el tejido social. La inseguridad alimentaria que enfrenta la nación es una amenaza a la paz social, pues es un componente vital para la población.
El problema es de gran envergadura pues el mercado agroalimentario mexicano está en poder de 42 compañías trasnacionales. Mosanto, DuPont, Agromex, Pionner, Syngenta y Limagrain controlan la producción de semillas y fertilizantes. Otras como Minsa, Maseca, Cargill, Bimbo, Bachoco, Pilgrim´s Pride, Tyson Foods y Lala, una vez que llega a sus manos el producto (maíz, frijol, sorgo, leche), incrementa los precios al consumidor hasta en 200 por ciento. Además la venta de alimentos también está monopolizada por las tiendas departamentales, entre las que destaca WallMart, que hace negocios por más de 11 mil millones de dólares al año. Esta tienda vende más de 6 mil millones de dólares en alimentos anualmente, más que cualquier otra empresa en México.
De acuerdo con los datos de la FAO, en los últimos 30 años México ha aumentado la dependencia alimentaria en el rango de importaciones. En el caso del huevo, maíz blanco, café y azúcar es menos de 10 por ciento, pero por arriba de este porcentaje está la leche, el frijol, la carne de aves y sorgo, con 30 por ciento. Entre un 20 y 50 por ciento se importa carne de cerdo y bovino. Se importa más de 50 por ciento del maíz amarillo, arroz y soya.
Las compras al exterior para complementar la alimentación básica de los mexicanos cuesta alrededor de 20 mil millones de dólares al año, cantidad muy cercana a los ingresos esperados por las exportaciones petroleras. A pesar de que México ocupa el décimo lugar mundial como productor agropecuario, importa un alto porcentaje de los alimentos que consume. Por ejemplo en el caso del maíz, el año pasado se produjeron 21 millones de toneladas pero se importaron 10 millones de toneladas más para satisfacer la demanda nacional. El país compra a otras naciones una tercera parte del maíz que consume; la mitad del trigo; 80 por ciento del arroz; y el 40% del frijol. También compra en el extranjero el 30% de la leche en polvo, ya que han estado desapareciendo los hatos de ganado vacuno.
Para que un país alcance la seguridad en su alimentación, debe producir al menos el 75 por ciento de lo que consume, de acuerdo con la FAO. México cuenta con 30 millones de hectáreas abiertas al cultivo. A fin de lograr ese porcentaje, se debe apoyar a los distintos productores y las políticas públicas deben estar al alcance de los pequeños productores.
La Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados confirma que la dependencia alimentaria de México “ha aumentado de manera alarmante” derivada del abandono al campo, la insuficiente producción nacional, y que el mercado lo concentran las grandes empresas, que han desplazado a las unidades familiares no rentables. La UEC explica que de manera paralela se incrementó la pobreza en el medio rural y el campo aporta una escasa generación de empleos al Producto Interno Bruto (PIB). Apenas un respiro para los campesinos lo representan las remesas de sus familiares en el extranjero.
El país resiente una desarticulación de la agricultura con la industria, mala calidad y bajo rendimiento de la tierra, erosión y degradación de los suelos, baja productividad en algunos cultivos, bajos niveles de capitalización física y humana, caída drástica en la inversión pública, carencia de infraestructura y tecnología, y falta de créditos. Además, migración, incidencia del narcotráfico en los patrones de cultivo y posesión de las propiedades agropecuarias, así como la escalada de violencia e inseguridad, pobreza extrema, bajos niveles educativos, carencia de servicios públicos, mala nutrición, falta de oportunidades escolares y laborales para los jóvenes, y trato discriminatorio y violencia hacia las mujeres, no sólo en el ámbito familiar sino comunitario.
El abandono del Campo se refleja en la creciente pobreza de sus habitantes; los incrementos en los precios de los alimentos a nivel internacional avivan la pobreza alimentaria; la población vulnerable por ingresos, inferior a la línea de bienestar, aumenta año con año, ante la indiferencia oficial.
A pesar de que el flamante titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa declaró hace poco que no se prevé disminuir los recursos de la dependencia para el próximo año, su subordinado, el director regional de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Emilio Nava Villalobos, ya advirtió que este año se eliminará el esquema de comercialización de frijol, lo que afectará directamente a 20 mil productores de Durango, Zacatecas y Chihuahua.
De esta manera, Sagarpa deja el precio del grano al mercado libre por que, dice, no cuenta con dinero para aplicar el esquema a la cosecha de este año, y porque, argumenta, el volumen que se espera en los tres estados será muy bajo, por lo que según los funcionarios de la dependencia el frijol se puede vender muy fácilmente. El recorte no es parejo: se mochan 800 millones a productores de esos tres estados y no se hacen recortes a los 6 mil millones que se pretenden destinar a productores de Sinaloa.
Durante el ciclo primavera-verano 2014, Aserca incluyó 230 mil toneladas de frijol en los tres estados citados dentro del esquema de comercialización del grano en el que se destinaron 750 millones de pesos; de los cuales, 500 serían repartidos entre los productores de frijol y 250 millones entre las empresas acopiadoras. Aserca no ha terminado de pagar el grano a los productores de Chihuahua y Zacatecas.
El presidente del sistema Producto Frijol, Andrés Fernández, reclamó a funcionarios de Sagarpa que se les quite el esquema que beneficia a los labriegos, a los campesinos más pobres, y que se deje el precio al libre mercado. En Durango, el dirigente campesino Sergio Silva Labrador, le advirtió a Nava Villalobos, que no desean seguir tratando con él, y emplazó al director general de Asecrca, Alejandro Vázquez Salido, para que el próximo miércoles cambie de postura o de lo contrario no descartó que los frijoleros lleguen a quemar oficinas de esa área de gobierno.
También en Durango, los productores de frijol exigieron a Aserca el pago de 63 millones de pesos que aún adeudan a las 11 empresas acopiadoras del estado por la cosecha de primavera-verano 2014. Advirtieron que si para el miércoles la dirección general de Aserca no les da una respuesta favorable, acudirán con el titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa. Aserca no ha terminado de pagar tampoco el grano a los productores de Chihuahua y Zacatecas.
Las políticas seguidas hasta el momento en el agro repercuten negativamente en el país. De acuerdo con Michelle Chauvet Sánchez Pruneda, jefa del área de Impactos Sociales de la Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dichas políticas públicas han llevado a abandonar las prácticas de abasto vía el mercado interno, se desmantela la estructura productiva y no hay forma de contender con producción interna, frente al alza de los precios de los alimentos en el mercado interno.
Además, subraya, las políticas sociales como Pronasol, Progresa y La cruzada contra el hambre, no procuran el consumo de lo que las comunidades producen. Los comedores comunitarios funcionan con productos del exterior, como cócteles de fruta enlatados que vienen de Estados Unidos.
De seguir negando los subsidios y permitir que sean organizaciones y sus líderes los que se enriquezcan al entregarles el dinero que deben repartir en algunas zonas, si no se apoya al campo estos números van a crecer o son mayores porque oficialmente tienden a ocultar la realidad, la hambruna se hará presente. No hay tampoco ningún control de precios y las grandes cadenas acaparan la producción pagando precios de miseria. El renglón no es para desecharlo, es grave, muy grave.
