(21 de enero, 2016.Revolución TRESPUNTOCERO).- “Desde 2012, Saltillo ha sido calificada como una de las ciudades más peligrosas del país y conforme pasan los años, la violencia se incrementa. Según la investigación que yo mantengo desde hace dos años –Resilencia por la violencia en el norte del país– los principales delitos en la región son feminicidios, homicidios, asaltos violentos, abusos policiacos, secuestros y desaparición forzada.
Mismos que aumentaron inesperadamente tan sólo en la primer quincena de 2016, lo que podría darnos una primera demostración de lo que será este año, colocando nuevamente a Saltillo como una de las ciudades más peligrosas por su violencia. A lo cual también contribuyen las autoridades locales, no solamente por no tener estrategias capaces de mermar los delitos, sino porque trabajan en colusión con las bandas delictivas y a su vez son también los policías quienes atentan contra la sociedad civil”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO la Doctora en Seguridad Humana y Derecho Global Aleyda Razo.
Con frecuencia la ciudadanía ha denunciado que las autoridades hacen caso omiso de los delitos por los cuales acuden en busca de justicia. Uno de los casos más recientes es el de Rosalinda Rueda López, víctima de feminicidio.
La joven pasó el 31 de diciembre en compañía de su familia y de su pareja sentimental, quien en semanas pasadas había salido del reclusorio. Al día siguiente su madre fue a su casa a verla, pero no la encontró, después de su insistencia sin respuesta alguna, decidieron buscarla en otros sitios, incluidos hospitales.
Fueron pasadas las 23 horas que forzaron la cerradura de su casa y la encontraron con los labios morados e inconsciente. Nada se pudo hacer ya, ella estaba muerta y aún cuando se sabía que fue su pareja quien le provocó la muerte a golpes, las autoridades no hicieron ningún tipo de acción que llevara a la detención del homicida, narra a Revolución TRESPUNTOCERO un familiar de la víctima.
Asimismo asegura que no hay avances en las investigaciones, y aunque han pedido de diversas maneras se le dé seguimiento para ejercer justicia -principalmente por la peligrosidad del inculpado quien podría hacer daño a alguno más de los miembros de su familia por represalia- no ha habido respuesta alguna y las acciones en ese feminicidio sigue siendo inexistentes.
Razo asegura que la violencia también se incrementa por medio de los abusos policíacos que al denunciarlos dan como respuesta intimidación por parte de los jefes que protegen a sus “malos elementos”. “Si no hacen nada en contra de los delincuentes, menos lo harán con su gente, quienes delinquen por creerse con poder y armas.
La policía trata mal al débil e inocente y se agachan con el delincuente que está armado. Casos sobran, el más reciente sucedió el 6 de enero, por parte de elementos policiacos del Grupo Centauro. Los oficiales aseguraron que un transeúnte era el delincuente que buscaban, como siempre pasa, solamente porque se les hizo parecido.
Después de detenerlo lo agredieron violentamente, para después aventarlo por unas escaleras, lo que provocó diversas fracturas en el cuerpo del joven y su nula atención médica comenzó hacerlo desfallecer.
Poco después, el muchacho que contaba con 25 años de edad fue levantado por los policías solamente para dejarlo tirado afuera de su casa. Aunque los familiares hicieron todo lo posible por salvarle la vida, sobrevivió una semana pero después falleció produc
La respuesta de las autoridades locales sigue siendo nula, y por su parte “el cinismo del presidente municipal no tiene límites, Isidro López como cualquier empresario panista solamente le interesan sus ganancias particulares, las vidas no importan, él ante el homicidio se limitó a decir que los agentes no tienen culpabilidad ya que se encontraban en el cumplimiento de su deber.
Y para afianzar la seguridad de los agentes para cometer incluso asesinatos en contra de la población, ninguna autoridad ha promovido la investigación de los elementos, tampoco ha existido suspensión alguna, demostrando que la violencia tanto de los delincuentes como de las mismas corporaciones
En dicho caso, la PGJE dio inicio a las averiguaciones sobre los hechos y aunque los policías son fácilmente identificables, sigue sin haber un solo detenido hasta el momento y los encargados de darle seguimiento al caso no han dado ninguna respuesta contundente.
En cuanto al tema de las desapariciones forzadas, los familiares de las víctimas han denunciando que las autoridades los catalogan como secuestros. Al exigir que los ayuden a buscar a los familiares, porque no existen peticiones de rescate, siguen manteniendo la idea que es un rapto y los obligan a esperar que los delincuentes se comuniquen con ellos, “así los días pasan y tanto el desaparecido como sus familiares pierden oportunidades de esclarecer los hechos y volverse a reunir, esto sucede porque lo que impera en Saltillo es corrupción, hipocresía y cinismo político, donde la ciudadanía no importa.
Por eso tenemos gran cantidad de casos de desapariciones forzadas, donde no se ha hecho nada, las familias siguen esperando que el supuesto secuestrador marque, estas historias no se catalogan ni como raptos, ni como desapariciones porque al no seguir una averiguación, el registro es nulo, de ahí que aumenta una exorbitante cifra negra”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO el abogado José Luis Vázquez.
Según información del Semáforo Delictivo, Coahuila se encuentra en rojo, derivado de los índices de violencia que han aumentado en todos los municipios aunque es Saltillo, el más violento de todos. Sin embargo, el alcalde panista ha decidido recortar 29.6 millones de pesos al Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM), 40.8 % en sólo un año.
En 2014 se destinaron 72.2 millones de pesos al GROM, para 2015 sólo se destinaron 45.3 millones de pesos, lo cual se asegura, derivó en un golpe a la seguridad, ya que se recortaron plazas, equipamiento y servicios. La investigadora cuestiona la reducción y la falta de políticas y planes de seguridad por parte del edil.
“No solamente basta con aportar dinero, sino velar porque ese dinero sirva para el bien del ciudadano, finalmente es quien lo está pagando, sin embargo este empresario limita a 45 millones de pesos, sin saber si son bien empleados o no, y aumenta la inversión superflua como el pago de trabajadores en cargos que ni siquiera tienen razón de ser, porque tan sólo en asesores se despilfarran más de 70 millones.
Esto ha prevalecido durante el mandato de Isidro López, que año con año ha dejado cada vez más desprotegida a la ciudad y a quienes habitan en ella. Como ejemplo las cifras del 2014, cuando se pagó 72.6 millones de pesos en nómina del GROM, siendo en 2015 solamente 41.3 millones. “Sobre este descenso el alcalde solamente dice que es ‘lo suficiente’ para mantenernos protegidos”, asegura Razo.
