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Santa Lucía: amparos, revocaciones y suspensiones ¿qué falta para empezar la construcción?

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(08 de octubre, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Este martes, el juez Quinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México notificó que “en el incidente de revocación tramitado por la Sedena”, consideró fundados los argumentos de la institución y dejó sin efectos la suspensión definitiva en uno de los amparos presentados contra la obra en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Es decir, revocó la suspensión definitiva que mantenía frenada la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Sin embargo, esto no significa que el Gobierno federal ya pueda ejecutar la mega construcción. Ello porque subsisten otras suspensiones.

Hay que recordar que desde el pasado junio, el colectivo presentó 147 amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía cuyas suspensiones concedidas por los jueces han evitado que el Gobierno federal inicie su construcción.

A estas se suman, desde septiembre pasado, 10 más tramitados por integrantes de pueblos originarios de Tecámac, Estado de México.

 

Lo que ocurrió hoy

La Sedena argumentó que la terminal se integra “como una instalación estratégica y que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional.

Así, como la resolución es a su favor, el juez deja sin efecto los juicios promovidos contra la construcción del nuevo aeropuerto.

No obstante, aún permanecen vigentes otras 7 suspensiones definitivas en los más de 140 amparos tramitados contra el Aeropuerto de Santa Lucía. Así, el juez puede reiterar su criterio y revocarlas.

 

¿Qué sigue?

 

De acuerdo con El Universal, para comenzar la obra de Santa Lucía, el Gobierno Federal debe tramitar los incidentes de revocación para que el juez reitere su criterio en las suspensiones que quedan vigentes y que se agoten los medios de impugnación con los que cuentan los quejosos.

 

Nuevos obstáculos

El colectivo #NoMásDerroches no se ha cansado de intentar frenar esta obra y hoy, mediante un comunicado,en conjunto con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), anunció que presentó una solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva en definitiva las suspensiones vigentes que pesan contra el inicio de las obras del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía (AISL).

 

“La Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer, 7 de octubre, para que conozca de las suspensiones definitivas que aún se encuentran vigentes –radicada bajo el expediente 654/2019– y, en su momento, se solicitará la atracción del recurso que se interpondrá en contra de la suspensión revocada el día de hoy”, se lee en el comunicado.

Dijo además que esto dará oportunidad a la SCJN de pronunciarse respecto a “si se debe o no suspender el inicio de obras públicas de gran importancia cuando es evidente que no cumplen con los requisitos legales. Si en el juicio de amparo el Poder Judicial está facultado para proteger a la Hacienda Pública y para velar que el gasto se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y su debe permitirse el peligroso precedente de privilegiar la “seguridad nacional” en obras públicas cuando esté en riesgo el derecho a la vida, a la integridad personal y a un medio ambiente sano.

El colectivo está integrado por organizaciones de la sociedad civil como Comisión, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC (ComexDH), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), diversos despachos de abogados y ciudadanos.


Los otros nombres que figuran sosteniendo esta organización, de acuerdo con el periodista de Proceso, Álvaro Delgado, está el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, Claudio X. González Guajardo, (hijo de Claudio X. Laporte, quien fue asesor cercano de Carlos Salinas de Gortari), y las organizaciones México Unido Contra la Delincuencia, y Causa Ciudadana.

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