Luego del fallo adverso para Grupo Salinas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a resolver una serie de controversias fiscales cuyo monto conjunto supera los 50 mil millones de pesos, en litigiosque podrían modificar de manera sustancial las reglas fiscales aplicables a empresas exportadoras, maquiladoras y corporaciones multinacionales que operan en el país.
La reciente resolución del máximo tribunal, encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar, marcó un precedente en materia de interpretación fiscal que ha generado inquietud en el sector empresarial, ya que ahora el impacto de ese criterio se extiende a nuevos casos de gran escala relacionados con el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en operaciones conocidas como “exportaciones virtuales”.
De acuerdo con información expuesta en sesiones públicas de la SCJN, retomada por medios nacionales y especializados en economía y finanzas, el tribunal deberá pronunciarse en los próximos meses sobre diversos expedientes que involucran a empresas multinacionales y al sector maquilador, en disputas derivadas de un cambio de criterio del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre los asuntos pendientes se encuentran litigios relacionados con empresas globales como Samsung Electronics, así como varios casos de maquiladoras. La escandalosa cifra coloca estos juicios entre los más relevantes en materia fiscal de los últimos años.
El conflicto se origina en un esquema utilizado durante más de dos décadas en la industria exportadora, mediante el cual las empresas podían importar insumos de forma temporal sin pagar IVA, siempre que el producto final se destinara a la exportación. Este mecanismo, respaldado durante años por la autoridad fiscal, se apoyaba en el uso del pedimento V5, que ampara las denominadas exportaciones virtuales entre empresas del programa IMMEX.
Sin embargo, a partir de 2019 el SAT modificó su interpretación y sostuvo que, cuando los bienes permanecen en territorio nacional, deben pagar IVA, aun cuando jurídicamente se consideren importados.
El fallo que emita la Suprema Corte no solo resolverá controversias millonarias, sino que también definirá los límites de la planeación fiscal en sectores estratégicos y el alcance de las facultades del Estado en materia de recaudación.
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