La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un revés legal al empresario Ricardo Salinas Pliego al desechar de plano dos recursos de impedimento con los que buscaba frenar la participación de las ministras Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González en un caso clave sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El máximo tribunal determinó que los argumentos presentados por el dueño de Grupo Salinas carecen de viabilidad técnica y parecen tener el único propósito de dilatar o entorpecer la resolución del amparo en revisión 492/2023.
La discusión, programada para este jueves en el pleno, se centra en un proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía. De aprobarse su propuesta de suspender el recurso del empresario, la UIF conservará sus facultades legales para acceder a información patrimonial y financiera sin restricciones judiciales previas.
También podrá supervisar y combatir delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y mantener por hasta 10 años el análisis de la información bancaria de Salinas Pliego y otros 78 empresarios vinculados a los Pandora Papers.
Cabe recordar que esta investigación surgió en diciembre de 2021, tras filtraciones sobre empresas offshore y presuntos esquemas de evasión fiscal.
Radiografía de la estrategia de “retraso sistemático” de Grupo Salinas
La Corte subrayó que esta no es una acción aislada. Grupo Salinas ha desplegado en años recientes una estrategia legal basada en la interposición masiva de recursos para postergar sentencias.
“Se estima que no es viable sustanciar el incidente de recusación… los argumentos del promovente evidencian que se hace valer con el propósito de dilatar o entorpecer la resolución”, dictaminó la Corte.
Con los desechados esta semana, suman 10 impedimentos contra diversos ministros en este caso específico. El grupo ha interpuesto más de un centenar de recursos (reclamaciones e impedimentos) que han logrado retrasar la resolución de nueve litigios fiscales de gran magnitud.
Tanto la conformación anterior de la Corte como la actual han coincidido en que la mayoría de estos recursos son improcedentes y buscan obstruir la justicia.
Si el proyecto del ministro Figueroa Mejía prospera mañana, se cerraría una de las vías principales con las que el empresariado ha intentado limitar el alcance de la Secretaría de Hacienda sobre sus movimientos financieros en paraísos fiscales.
