(31 de Marzo, 2016).- El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, aseguró que se consolidó la impunidad en una de las más grandes violaciones al derecho a la vida en la historia reciente del país, tras la absolución de los seis militares investigados por la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio de 2014.
Las sentencias del Juzgado Sexto Militar fueron emitidas en octubre pasado, por infracciones de deberes en el caso de los absueltos y por desobediencia para el culpable, pero la organización civil pudo enterarse apenas gracias a un amparo en el que exigió que se reconozca como víctima a Clara Gómez González, sobreviviente de la matanza.
“Nuestro reclamo era además que el fuero militar es incompetente y todo tendría que ir a un juez civil. Ganamos el amparo y se le ordena al juez militar remitir toda la causa al juez civil, pero contesta que es imposible porque ya sentenció y remite copia de la sentencia” afirmó Mario Patrón.
“(La exoneración en el fuero militar) consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente” detalló en un comunicado oficial el Centro Prodh, auxiliado por organizaciones como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADAC), Freedom House y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, entre otras.
Asimismo, continúa el fuero civil contra los militares procesados por homicidio calificado, quienes se encuentran en una prisión castrense, mientras se resuelve el proceso de desahogo de pruebas.
Estos tres civiles son investigados por la muerte de ocho civiles, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó 12 homicidios extrajudiciales.
El Centro Prodh demandó que se investigue la cadena de mando militar que ordenó las ejecuciones extrajudiciales.
Después del caso Tlatlaya otros militares han sido detenidos por ejecuciones extrajudiciales, en Calera, Zacatecas, y en Tierra Blanca, Veracruz.
