Al bajo nivel educativo de los integrantes de la Cámara de Diputados se le añade el desinterés de los legisladores federales de todos los partidos por los temas relevantes de la agenda nacional, lo que convierte a las comparecencias para realizar la glosa del III Informe de Gobierno de Peña Nieto, en largos e inútiles maratones de cuestionamientos sin fundamento, en el mejor de los casos, y en una competencia de halagos hacia el funcionario en turno, en el peor, lo que va totalmente en contra de la naturaleza del poder legislativo, que consiste en forma esencial además de la elaboración de leyes, la de ser un órgano de control del Poder Ejecutivo, es decir, vigilar sus acciones y la conducta de los funcionarios en el mismo.
Al arrancar la presente LXIII Legislatura, mucho se cuestionó que el bajo nivel de sus integrantes afectaría los trabajos del Congreso de la Unión, lo que ya se evidenció en las comparecencias de los principales funcionarios de la presente administración. Cabe subrayar que del total de diputados federales, el 79 por ciento tiene estudios superiores y de ellos cerca de la mitad no lograron titularse, mientras que el restantes 21 por ciento no cuenta con escolaridad mínima, es decir el menor nivel educativo de los últimos diez años. Esta situación sin duda alguna contribuye a demeritar el trabajo de los actuales diputados federales, a lo que se suma un evidente desinterés sobre los principales temas de la agenda nacional que se analizan en el Palacio de San Lázaro y que tienen incidencia directa en toda la población.
Ante este panorama nada raro es que en su oportunidad, el martes por la tarde-noche en el Palacio de San Lázaro, el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, sostuviera ante los integrantes de la Comisión de Economía, la existencia de un país ficticio, con una economía vigorosa pese al adverso entorno internacional con desaceleración de la economía mundial y la persistente baja en los precios del petróleo, y que llevará en el mediano plazo a los habitantes de este país a estándares de bienestar que sólo se ven en los países más desarrollados. O sea que se vivió un capítulo más de la fantasía en San Lázaro.
Al describir un panorama en el futuro inmediato venturoso, con la firma del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), el cual defendió con uñas y dientes al asegurar a los legisladores que permitirá reposicionar a México a nivel mundial, como en su momento lo hizo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sin ningún rubor, el funcionario sostuvo que el TPP “nos vuelve a reposicionar en una magnitud importante con un área que representa 38% del PIB global y que, sin duda, establece un nuevo paradigma”. Añadió que con las reformas estructurales ya aprobadas, “representa un cúmulo de avances para integrar a las pequeñas y medianas empresas mexicanas a las cadenas de valor en forma más competitiva”. Ya encarrerado el funcionario se atrevió a refutar los cuestionamientos contra el TPP de renombrados economistas, como Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y profesor en la Universidad de Columbia.
En esta grandiosidad que solamente un pequeño, reducido grupo de peñistas contempla, no caben los datos ofrecidos por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en donde advierte que el valor de las exportaciones en el área y el Caribe se desplomaría hasta en un 14 por ciento provocado por la caída de los precios de las materias primas que alcanzaría hasta un 10 por ciento y una menor demanda internacional. Tal y como se ha advertido, este Acuerdo solo sirve al vecino del Norte ya que contrarresta el potencial chino.
Sin oposición al frente, que cuestionara o pusiera en duda sus señalamientos, Guajardo
Villarreal desestimó la caída del precio internacional del petróleo, dada la existencia de la reforma fiscal, lo que evitó la devastación de la economía mexicana. Nada mencionó sobre los recortes al presupuesto que se realizaron este año y que se supone (¿?) aplicarán el próximo, ni los efectos que tuvo en la disminución del Producto Interno Bruto del país y en la generación de empleos. Tampoco explicó las verdaderas razones de que los pronósticos oficiales sobre el crecimiento económico del país constantemente sean recortados por organismos nacionales e internacionales, lo que lleva a no cumplir con los criterios económicos aprobados por los legisladores y propuestos por el gobierno federal.
El titular de la Secretaría de Economía destacó varias veces como indicador de la fortaleza económica del país la inversión extranjera directa, la cual, dijo, en los tres primeros años de la actual administración federal, hasta el pasado mes de junio, ha acumulado 82 mil 790 millones de dólares. Nada dijo de la toma de ganancias de las empresas trasnacionales que representan una grave sangría para la economía nacional, ni la transferencia de capitales a sus casas matrices. Por el contrario, señaló que el objetivo del país es “consolidar un sector manufacturero que sea competitivo a nivel internacional”, por lo que la política industrial está ligada a la estrategia de comercio exterior orientada a ubicar a México como una plataforma de transformación en el contexto mundial.
Dejando totalmente de lado la alta mortandad de las pequeñas y medianas empresas en México, defendió que trabajan en enfocar los programas de apoyo a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas a la política industrial y en establecer mecanismos para garantizar que cada peso que se gasta refuerce la participación y vinculación de esos sectores en las plataformas de las áreas más competitivas, como la automotriz, aeroespacial, implementos médicos, tecnologías de la información, entre otros. Curiosamente evitó a toda costa hablar del ramo farmacéutico, del otro mercado de la droga que tiene vigencia y legalidad.
La dinámica de la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía contempló tres rondas de preguntas por parte de los integrantes de la Comisión de Economía y respuestas inmediatas de Guajardo Villareal. Como era de esperarse, los diputados del PRI, Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de la Comisión, Claudia Edith Anaya Mota, Antonio Tarek Abdala Saad, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela y Esdras Romero Vera del PRI, hicieron señalamientos y preguntas cómodas que permitieron el lucimiento del funcionario. Lo mismo hicieron Lorena Corona Valdés y Alma Lucía Arzaluz Alonso del PVEM, quienes lanzaron halagos al compareciente.
Los panistas Juan Alberto Blanco Zaldívar, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Lorena del Carmen Alfaro García y Alfredo Miguel Herrera Deras no hicieron preguntas que pusieran en aprietos a Guajardo Villarreal, e hicieron sólo algunos señalamientos en cuanto a flexibilizar reglas en materia empresarial y evidenciaron su intención de colaborar con el gobierno federal en la materia. Los señalamientos de los perredistas Armando Soto Espino y Lluvia Flores Zonduk fueron vagos, sin sustento y sólo con la insistencia en modificar la política económica de la actual administración para disminuir la pobreza y recuperar el crecimiento y desarrollo del país.
Tal vez los cuestionamientos más serios vinieron de las bancadas de Morena y de Movimiento Ciudadano. Por parte del partido de Andrés Manuel López Obrador, intervinieron Vidal Llerena Morales y Jesús Serrano Lora, quienes se refirieron al abandono del campo y la necesidad de impulsar a las PYMES, como palanca de la economía nacional, mientras que por MC, lo hizo Carlos Lomelí Bolaños. Carmen Victoria Campa Amaral de Nueva Alianza, Gonzalo Guízar Valladares, Aquiles Pineda Morín y Abdies Pineda Morín del PES, jugaron un papel de meras comparsas, sin ninguna trascendencia.
