(02 de diciembre, 2014).- El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó la situación del país, a dos años de la gestión de Enrique Peña Nieto.
En primera instancia, criticó que en cuanto a seguridad se intentaron ocultar los índices de violencia, al manipular a los medios de comunicación para que se redujeran las noticias relacionadas con asesinatos y violencia, ofreciendo el discurso de que las reformas “salvarían a México”, hasta que el caso Ayotzinapa puso en evidencia la profunda crisis del país en esta materia.
Según el PRD, se han presentado más muertes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones del Estado e impunidad en la administración actual, comparada con la situación que se vivía en diciembre del 2012.
Además, la corrupción también ha quedado en evidencia durante los últimos dos años, sobre todo en cuanto a los bienes millonarios de Angélica Rivera, cónyuge de Peña Nieto, lo cual ha despertado la indignación de la ciudadanía y la demanda de transparencia.
El sol azteca enfatizó la falta de crecimiento en cuanto a economía y generación de empleos, así como la pérdida de poder adquisitivo debido a que el salario mínimo no se ha recuperado. De igual forma está el incremento de la desigualdad social y la pobreza extrema, y la recurrencia de los gasolinazos.
Otro aspecto denunciado por los perredistas fue el de la represión, al usar la fuerza pública para silenciar las voces de la ciudadanía que claman justicia, como sucedió el pasado 20 de noviembre con la detención arbitraria de 11 estudiantes, que fueron liberados nueve días después por falta de pruebas; y posteriormente la detención de Sandino Bucio, alumno de la UNAM, quien también fue liberado.
Los representantes del PRD también reiteraron su respaldo a las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, y pidieron que se amplíen las investigaciones para que todos los responsables materiales, intelectuales y por omisión sean castigados.
La misiva del Comité Ejecutivo Nacional perredista concluye mencionando la obligación del gobierno para garantizar el libre derecho a la manifestación de los mexicanos que llevan semanas saliendo a las calles para dar su opinión sobre lo que acontece en el país.
