Por unanimidad, el Senado aprobó en lo general el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece hasta 42 años de prisión a quienes cometan este delito.
Con 110 votos a favor, la reforma será devuelta a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación; con esta ley ella se busca que el delito de extorsión sea perseguido de oficio en todas las entidades federativas y a nivel federal.
Además de la aprobación de ley, el dictamen reforma el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado mexicano frente a este delito en crecimiento.
La ley define al delito como la acción de obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.
La pena base contempla de 15 a 25 años de prisión y multa equivalente a 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Esta iniciativa prevé la creación de un Sistema Nacional de Información sobre Extorsión, un centro de denuncia especializado y el diseño de una estrategia nacional de prevención entre los tres órdenes de gobierno.
