Con una votación de 75 votos a favor (Morena, PVEM y PT) y 36 en contra (PAN, PRI y MC), el Senado de la República aprobó una reforma histórica a la Ley de Vivienda. El dictamen, ya turnado al Ejecutivo Federal, redefine la política habitacional del país al permitir que instituciones públicas participen directamente en la construcción y renta de inmuebles.
La medida busca erradicar el rezago habitacional mediante un cambio de paradigma que desplaza el control exclusivo del mercado privado.
Durante la sesión ordinaria, la senadora Beatriz Mojica Morga destacó que esta reforma marca el fin de un esquema neoliberal que privilegió los intereses de empresas privadas, dejando a la mayoría de la población sin posibilidades reales de adquirir un hogar.
”Se rompe un esquema que durante años concentró la construcción únicamente en empresas privadas. Esto generó un déficit muy grande; en nuestro país hacen falta al menos 8 millones de viviendas”, señaló la legisladora.
La senadora explicó que, bajo el modelo anterior, instituciones como el Infonavit y el Fovissste fueron utilizadas como “negocios” para unos cuantos, profundizando la desigualdad entre los deciles más altos y los más bajos de la población.
Impacto regional, el caso de Guerrero
La reforma cobra especial relevancia en estados con altos índices de marginación. Mojica Morga detalló la situación crítica de Guerrero.
“Esto generó un déficit muy grande de vivienda; en nuestro país hacen falta al menos 8 millones de viviendas. En Guerrero, por ejemplo, el déficit es de 400 mil viviendas”.
Con la nueva legislación, se faculta a las instancias del gobierno federal para retomar la construcción de vivienda a bajo costo. Según la legisladora, esta es una noticia histórica para los guerrerenses, ya que permitirá atender directamente el déficit de vivienda social que el mercado privado ignoró por décadas.
La reforma aprobada armoniza la Ley de Vivienda con los cambios constitucionales ratificados el año pasado. Para la bancada de Morena, este avance es una herramienta clave para combatir la pobreza patrimonial y brindar certeza jurídica a las familias mexicanas.
”El principio de ‘primero los pobres’ no se queda solo en el dicho”, concluyó la senadora.
Del concepto de “vivienda digna” a “vivienda adecuada”
Otro de los cambios más profundos es la transición terminológica y jurídica hacia la “vivienda adecuada”, alineándose con los estándares de la ONU-Hábitat y la reforma constitucional de 2024.
Este nuevo enfoque va más allá de la infraestructura básica e integra siete elementos esenciales como la asequibilidad y accesibilidad; habitabilidad y servicios básicos; seguridad jurídica de la tenencia y ubicación estratégica y adecuación cultural.
A pesar de la aprobación, la sesión estuvo marcada por un intenso debate sobre el origen del financiamiento para estas nuevas construcciones.
Senadores del PAN, PRI y MC argumentaron que el dinero (estimado en 2.4 billones de pesos) pertenece a los trabajadores y no al Gobierno. Además, catalogaron como riesgoso el financiar una “constructora estatal opaca” sin consulta previa a los ahorradores.
En respuesta, la senadora Guadalupe Chavira aseguró que la subcuenta individual está blindada y no desaparece el fondo de más de 867 mil millones de pesos. Sostuvo que el modelo se democratiza sin desequilibrar el mercado.
Por su parte, Mojica Morga enfatizó que la nueva ley busca fortalecer las economías internas y dar una base más humana al desarrollo económico de México. Con esta aprobación, se espera que el Ejecutivo Federal inicie los mecanismos para la implementación de nuevos proyectos habitacionales a gran escala.
